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Por la Audiencia Nacional

La justicia se adelanta al 25-S: imputados ocho organizadores de 'Rodea el Congreso'

La justicia se adelanta al 25-S: imputados ocho organizadores de 'Rodea el Congreso'

viernes 21 de septiembre de 2012, 18:58h
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar para el próximo día 4 de octubre a ocho participantes en las asambleas organizativas de la protesta que el próximo 25 de septiembre llama a rodear el Congreso, a los que imputa indiciariamente la comisión de un delito contra Altos Organismos de la Nación por promover una manifestación ante la Cámara Baja, han confirmado fuentes jurídicas.
Según han confirmado estas mismas fuentes, las citaciones se han producido después de que agentes de policía identificaran el pasado domingo en el parque de El Retiro de Madrid a estas ocho personas como organizadores de protesta, que lleva por lema 'Rodea el Congreso'.

   El magistrado cuenta además con una investigación judicial llevada a cabo en los últimos días sobre el despliegue de la protesta en la que se han recabado detalles sobre la convocatoria que circulan en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.

   Según consta en la citación judicial, se les imputa como responsables del delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que estable pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".

   Desde la Coordinadora 25S, que se encarga de organizar la protesta, han insistido que se trata de una acción "no violenta" y no pretenden impedir el paso de los diputados. "Se llegará hasta donde lo permita la barrera policial", señalan.

   Asimismo, teniendo en cuenta lo ocurrido y de cara a las próximas reuniones organizativas que tendrán lugar en El Retiro este fin de semana, advierten del "posible riesgo que se deriva de la asistencia a las misas", al tiempo que insisten en que sus actuaciones "No son ilegales".

   "Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el próximo 25 de septiembre", añaden.

Vea también:

- Interior blinda el Congreso para el 25-S, 1.300 antidisturbios movilizados
- ¿Qué motivos hay detrás de la convocatoria del 25-S?
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    Últimos comentarios de los lectores (2)

    13566 | Cotilleja Sinremedio - 23/09/2012 @ 13:26:31 (GMT+1)
    Vergonzosa la detención preventiva. Independientemente, celebro que esta manifestación no haya sido convocada por ningún sindicato, sino por 'Plataforma en Pie', como todos sabemos, y por lo que yo me he informado (no precisamente por internet), van a confluir en la misma no sólo personas sin oficio ni beneficio, sino también, diferentes sectores profesionales e ideológicos de la sociedad con un nexo en común: "Afectados por las medidas de ZP y agravadas por el actual Gobierno del PP. Y todo ello por disfrazar de 'crisis' lo que se llama 'estafa' en román paladino". Estos son, en síntesis, los motivos de la convocatoria, tal y como muchos la interpretamos. Otra cosa es que sobre la marcha nos encontremos sorpresivamente con que algún político de izquierdas se sume a la misma por aquello de arrimar el ascua a su sardina, pero mejor sería que se abstuviesen para evitar habladurías.
    13522 | Pikertom - 22/09/2012 @ 11:51:55 (GMT+1)
    Las convocatorias de protesta pacífica de los ciudadanos en contra de las políticas que les atañen y crean son perjudiciales para sus intereses son legales y democráticas. Ningún juez puede criminalizar a los convocantes ni a los asistentes, y menos aún tratar de juzgarlos antes de que los hechos sucedan. En la Constitución está reflejada los derechos que los ciudadanos tienen a manifestarse pacíficamente contra los poderes establecidos. A lo mejor el que esta delinquiendo es el juez que pretende erosionar los derechos democráticos de los ciudadanos.

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