La reforma educativa que propone Wert
sábado 22 de septiembre de 2012, 13:06h
Aquí está, ya llegó: se acaba de
presentar, la séptima reforma educativa de la democracia", ahí es
nada. La presenta el ministro Wert, y de momento, ya obtiene algunas
reacciones de radical oposición y rechazo. Aunque aún está
naciendo...
Dice El País que Wert pone freno
a la dispersión autonómica, y que la reforma educativa reduce el
papel de las CCAA en los contenidos. Wert culpa a las CCAA de los
malos resultados en educación y recorta su margen de actuación. La
reforma que recupera las reválidas, tendrá coste cero. El
Ejecutivo fijará más contenidos comunes para toda España.
Cataluña y País Vasco rechazan frontalmente la recentralización.
El ministro afirma que los recursos no son la causa del retraso
educativo. Expertos discuten que la desigualdad entre territorios
haya aumentado. El objetivo es aumentar el número de alumnos en FP.
Wert legisla contra la videncia empírica de que disponemos. Los
países que segregan antes tiene resultados menos igualitarios. Y en
su editorial, El País habla de nuevo viraje educativo, y que el
proyecto de reforma facilita la segregación temprana de los alumnos
desfavorecidos.
Titula El Mundo: Wert contra la
dispersión educativa de las autonomías. Durán considera que
incrementar el diez por ciento de los contenidos comunes se carga
radicalmente el Estado autonómico. Insiste El Mundo: Wert quita
poder a las autonomías ante la dispersión educativa. CiU le acusa
de cargarse la Constitución y el PNV advierte que no lo tolerará.
Y destaca: Con dos suspensos no se pasa curso. Superar la reválida
de 4º de ESO implica aprobar también los suspensos acumulados. El
rector de Valencia se suma al boicot estudiantil. En su editorial,
El Mundo le da el visto bueno: Una reforma educativa en la buena
dirección, se titula. En cambio, descalifica la de Zapatero por la
tasa de abandono escolar. Nos parece acertada la reforma, termina
diciendo, pero tal vez se haya quedado corta en relación a las
necesidades del país.
ABC no habla de la reforma de Wert
en su portada, sorprendentemente. En su interior. También le da su
visto bueno: Buena reforma educativa, titula su editorial. Sostiene
que el proyecto de Wert suscita expectativas muy favorables para una
educación mejor.. Y en su información del proyecto, cuenta ABC que
la mayor reforma educativa desde 1970 devuelve control al Estado, y
que el Gobierno da luz verde a la futura ley de mejora de la calidad
de la enseñanza, que Cataluña y el País Vasco tachan de
recentralizadota. Considera luego en una serie de puntos las
"medidas contra el fracaso": Más poder central sobre las
asignaturas, se refuerzan las materias troncales, tres evaluaciones
o reválidas, FP Básica, FB Dual y FP de Grado, autonomía de los
centros, sí a la educación diferenciada, Bachillerato con oferta
racional, adiós a la Selectividad y Caen Conocimiento y Ciudadanía.
Y el recuento: Siete leyes orgánicas desde la democracia,
recordando que la Ley Villar Palasí estuvo vigente desde 1970 hasta
la Logse de 1990
La Vanguardia señala en su
portada que el Gobierno abre otro frente al exigir la devolución de
competencias en educación. El ministerio culpa del fracaso escolar
ala dispersión autonómica y anuncia una ley para aumentar los
contenidos comunes y recentralizar las evaluaciones. El director
Antich dice que "la séptima, tampoco". Wert, sostiene Antich,
repite los errores del pasado. La reforma tiene lagunas
importantes.... Repite argumentos en su editorial, titulado La
recentralización de Wert:La nueva ley pretende ser un paso de gran
calado en la dirección de una enseñanza unificada en toda España.
Y por ahí van los titulares de su información básica: Reforma
centralizadora. El Gobierno fijará más contenidos comunes y
diseñará las nuevas reválidas. Recuerda las seis leyes educativas
anteriores, Loece, Lode, Logse, Lopeg, Loce, Loe y este proyecto que
nace sin consenso. Señala que Wert defiende que la reforma es
práctica y está planteada desde el análisis. Que el sistema de
evaluación ha de ser homogéneo. Y que Educación prevé invertir
unos 300 millones de euros desde 2016. Recoge la Vanguardia, a
continuación, la opinión de la consellera Irene Rigau: Esta ley
sólo pretende homogeneizar la educación. La consejera vasca Isabel
Celáa, a su vez, pide la dimisión del ministro Wert. Sostienen en
Cataluña que la evaluación del aluminado es competencia de la
Generalitat, que Ensenyament considera que no debería haber dos
pruebas distintas y que la nueva norma supone un ataque directo al
autogobierno. En otra página, La Vanguardia explica las clave de
la LOMCE: Elegir estudios a los 15 años, enésima dignificación de
la FP, cuatro pruebas dos de ellas reválidas, más horas de mates,
lenguas y ciencias y a la espera del estatuto docente. La LOMCE
incluye un aval para los conciertos a centros que separen por sexos.
El Gobierno apuesta por más horas para las materias instrumentales.
La portada
de El Periódico de Cataluña también se
hace eco este sábado de la séptima reforma
educativa de
la democracia, con el título La Escuela del PP. Y sintetiza: El
Gobierno de Mariano
Rajoy ha
decidido que se hagan reválidas a los 8, 11, 15 y 17 años. La
reforma es centralizadora y rebaja en un 35% el poder de decisión
de las autonomías. Señala luego El P de C., que la 'consellera'
de Educació, Irene
Rigau, ha advertido de que
la reforma de
la enseñanza no universitaria planteada por el ministro
José Ignacio Wert y
aprobada por el Gobierno es
"inaceptable" y supone una "ofensiva
total" contra la estructura
fijada por el Estatut.
En declaraciones a los
periodistas, Rigau ha
reaccionado así al anteproyecto de reforma de la enseñanza no
universitaria aprobada este viernes por el Consejo
de Ministros, que prevé
que la administración central aumente su capacidad de fijar
los contenidos
educativos hasta
el 65% del currículo en el caso de comunidades con lengua
cooficial y
el 75% para el resto. La propuesta, presentada en rueda de prensa
por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al
Gobierno le corresponde el establecimiento de las competencias
mínimas que
deben adquirir los alumnos, los criterios
de evaluación y
las proporciones
curriculares señaladas
como legislación básica. Rigau ha insistido en que no es necesario
"recentralizar"
el sistema
educativo y
ha remarcado que al Estado no
le corresponde evaluar a cada uno de los alumnos. Por este motivo,
ha advertido de que la reforma impulsada por el Gobierno es desde el
punto de vista competencial "inaceptable".
Según la 'consellera',
el responsable último de esta "ofensiva" es el presidente
del Gobierno,
Mariano
Rajoy, pese a que el
portavoz que ha dado a conocer su contenido haya sido el ministro
Wert.
Titula La Razón, a toda página:
Una Educación, una Nación. El Ministerio unifica los contenidos y
resta poder sobre las asignaturas a las autonomías. Exámenes al
finalizar cada etapa. Habrá cuatro pruebas de nivel de carácter
estatal en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Adiós a Ciudadanía
y Cono. Vuelven las ciencias sociales y culturales y ganan peso
Matemáticas y Lengua. Fin de la selectividad. Se recupera la
reválida y las Universidades podrán pedir sus propias pruebas de
acceso. Todo eso en la portada del diario. En su editorial, habla de
Educación de Calidad y sostiene que la reforma de Wert va en la
buena dirección y reducirá la dispersión entre CCAA. Es realista
y busca reforzar las asignaturas básicas, valorar el esfuerzo
académico y poner cierto orden en ese cajón de sastre en el que se
mezclan 17 escuelas distintas. Destaca luego en el pie de foto que
el Estado decidirá más contenidos y que estamos ante una reforma
educativa que valora el esfuerzo.. Y a toda plana insiste luego: La
misma educación para toda España. El Gobierno aprueba el
anteproyecto de la reforma educativa que garantiza que los alumnos
adquieran el mismo nivel de conocimientos en todo el territorio.
Educación resta poder a las autonomías sobre los contenidos de las
asignaturas. El aprendizaje del castellano y de las lenguas
cooficiales gana horas de estudio. Habrá cuatro exámenes
estatales en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Supone el fin de
los libros de texto como herramienta nacionalista. Y Eugenio Nasarre
señala que lo fundamental es centrarse en la calidad y que tenemos
una oportunidad para mejorar nuestra Educación. En otras cuatro
páginas más, señala La Razón el adiós a Educación para la
Ciudadanía, que el Bachillerato durará dos años, tendrá cinco
alternativas y desaparece la selectividad, que se elimina "Cono"
y habrá más Lengua y Matemáticas, que la FP se hará a partir de
los 15 años y acorde al mercado laboral, que los directores tendrán
más poder y deberán ser más profesionales, y que es la hora de
enterrar los mitos pedagógicos.
La Gaceta señala en su portada
que la nueva ley de educación unifica 17 modelos distintos.
Refuerza el control del Estado en los contenidos que fijan las
Autonomías. En su editorial sostiene La Gaceta que es una buena
reforma educativa, y que es excelente la noticia de la aprobación
del proyecto de ley orgánica. Las líneas del proyecto, insiste,
van en la dirección correcta, y los objetivos de esta reforma
deberían ser saludados a con entusiasmo por todas las fuerzas
políticas.... Y a la hora de exponer el proyecto, cuenta La Gaceta
que Pert unifica la educación de las autonomías, y que la nueva
ley otorga más poder del Estado sobre las regiones para evitar una
dispersión inmanejable de contenidos educativos. Facilitará las
ayudas a los centros que diferencian por sexo. Favorece el
bilingüismo. Y da otra serie de "pistas": Más control estatal,
sin selectividad, por sexo, más Matemáticas, Bilingüismo, Fuera
EPC, el futuro da los 15, las cinco vías FP..., y que a la séptima
debería ser la vencida. Los nacionalistas claman contra la reforma
educativa de Wert. Consideran que sólo es una excusa para quitarles
competencias. Durán Lleida se pregunta: ¿Por qué no ejercemos la
soberanía?
En El País, con la firma de Rafael
Feito Alonso, profesor de sociología, se
señala que las intenciones de reforma de la educación del actual
gobierno se recogen en un documento de PowerPoint
titulado Anteproyecto
de Ley Orgánica para la mejora de la ley de la calidad educativa.
Y que se observa en él una clara voluntad segregadora. Desde
el principio se afirma que todo el mundo tiene talentos -obvio,
por lo demás-, pero enseguida se añade que de distinto tipo. Está
claro, unos tienen talento para el éxito escolar -que son los que
irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo
tienen para el trabajo manual -los destinados a la formación
profesional o a los programas de cualificación profesional-. El
documento señala que hay países de éxito que separan en una red
académica y en otra profesional a su alumnado a los 14 años de
edad. Sin embargo, omite que igualmente hay países de éxito -entre
ellos Finlandia, líder en los informes PISA- que mantienen el
tronco común hasta los 16 años. Por otro lado, los países que
segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es
decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la
familia y los resultados escolares. Esto es algo muy claro en Suiza,
cuyos cantones tienen distintas estructuras educativas. En las
investigaciones que comparan las evaluaciones internacionales en
primaria -PIRLS- y en secundaria -PISA- se observa un claro
incremento de las desigualdades en los países que segregan
tempranamente (sería el caso de Alemania, cuyo modelo educativo
suscita la admiración de Wert). Ni que decir tiene que el alumnado
que vaya a los itinerarios profesionales a partir del tercer curso
de la ESO será víctima del efecto
Pigmalión: el
profesorado depositará en él bajas expectativas que se traducirán
en malos resultados (la profecía que se cumple a sí misma).
Recuerda el autor que el informe que la OCDE publicó a comienzos de
año titulado Equity
and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and
Schoolses toda una enmienda a la
totalidad a esta propuesta gubernamental. Por mucho que choque a la
mentalidad de nuestra derecha, la equidad y los buenos resultados
académicos van de la mano y esto es lo que sucede en los países
que sistemáticamente ocupan las primeras posiciones en los informes
PISA. Adelantar la edad de segregación de los alumnos para decidir
quién va a la formación profesional y quién al bachillerato es un
colosal error que solo cabe interpretar en clave de sectarismo
ideológico en favor de la división social. De los 39 países
incluidos en el informe sobre equidad, 14 de ellos (Australia,
Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Nueva
Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la
propia España) mantienen a su alumnado en un mismo tronco de
escolarización hasta los 16 años para, a partir de esa edad,
decidirse por la rama académica -equivalente al bachillerato- o
por la profesional. Es más, el informe cita el caso de Polonia,
país que, entre otras cosas, extendió el tronco común hasta los
15 años, lo que de un modo unánime se considera una de las razones
clave que explica su espectacular reciente éxito educativo. Lo que
propone Wert es legislar contra la evidencia empírica de que
disponemos. Tampoco se entiende la preocupación por aumentar el
porcentaje de alumnos de secundaria superior que opta por el
bachiller en lugar de por la formación profesional. En torno a algo
más de la mitad de los estudiantes de los países considerados en
el estudio de la OCDE elige la rama general de la secundaria
superior. Francia y España están levemente por encima de esta
media. También lo están, y en mucha mayor medida, países como
Nueva Zelanda, Portugal, Israel, Reino Unido, Japón o Canadá.
Resulta cuando menos escandaloso que el anteproyecto condene al
fracaso escolar, es decir, a la no obtención del título de la ESO,
a quienes cursen los programas de cualificación profesional. No se
olvide que la ESO permite obtener el mínimo de competencias para
desenvolverse cabalmente como ciudadano y como trabajador, que no
conseguir la ESO prácticamente equivale a una condena a la
marginación social. Uno de los temas estelares de la propuesta de
reforma es la realización de exámenes de reválida para pasar de
nivel: de primaria a la ESO, de la ESO al bachiller y al final del
bachiller. En primaria, en el área de la OCDE, solo una región de
Bélgica tiene una prueba de este tipo. En el anteproyecto
ministerial los niños y niñas que no aprueben el examen de
primaria repetirán curso. El informe de la OCDE es taxativo con
respecto a la repetición de curso: es un gasto simplemente inútil
y no sirve para mejorar el rendimiento. A modo de ejemplo, Corea
universalizó en los años cincuenta del siglo pasado el acceso a la
primaria, pero restringió el acceso a la secundaria por medio de
exámenes. Buena parte de los profesores consideraba que tales
pruebas ponían mucho énfasis en la memorización, de modo que
finalmente fueron abolidos en 1974. Hoy Corea, junto con Finlandia,
encabeza la lista de los estudios PISA. Pese a todo, y esto es un
aviso para los navegantes en favor de la cultura del esfuerzo por el
esfuerzo ("el sudor de tu frente"), los niños coreanos dedican
la mayor parte de su energía a memorizar incansablemente como si se
tratara de formar a funcionarios confucianos. Chris Duffy, quien ha
sido docente en Boston y en Corea, se lamentaba de la ansiedad y la
angustia que padecen buena parte de los adolescentes (de hecho una
encuesta reveló que nada más y nada menos que una quinta parte de
los estudiantes de secundaria había pensado seriamente en quitarse
la vida).
A estas tres reválidas anunciadas hay que añadir la
realización de evaluaciones externas. Creo que poco cabe objetar a
la difusión de exámenes estandarizados que permitan a las familias
conocer los resultados de las escuelas de su entorno o de su
preferencia. Los economistas de Fedea están fascinados con las
pruebas de conocimientos llamados indispensables que realiza la
Comunidad de Madrid. Las comparan con las que se hacen en Reino
Unido y cuyos resultados publica la BBC. Sin embargo, estas no
tienen nada que ver con nuestros carpetovetónicos tests.
Allí se informa sobre el gasto por estudiante, el porcentaje de
estudiantes con becas de comedor o el salario de los profesores. Es
decir, es posible saber el valor añadido que aporta cada escuela.
El peligro de que la formación se focalice en los tests es
evidente. Jonathan King, un reconocido biólogo molecular del MIT,
envió a sus dos hijos a la misma escuela. Su hijo mayor aprendió
desde la experiencia. Junto con sus compañeros de clase iba a una
charca y tomaba muestras. De hecho, los niños y niñas descubrían
criaturas que este biólogo desconocía. Con su segundo hijo las
cosas fueron radicalmente diferentes ya que ha sido preparado para
pasar tests. La experiencia, el mancharse las manos, han
desaparecido. Es de loar la preocupación de la propuesta
ministerial por la introducción de las nuevas tecnologías y por la
mejora del aprendizaje del inglés. Por desgracia, no parece ir más
de allá de un brindis al sol. Ambos aspectos requerirían un
aumento del presupuesto y sobre todo cuestionar algo mucho más
profundo y que es el modo en que se enseña, el cual está más
volcado en la repetición de contenidos que en el desarrollo del
pensamiento autónomo o de la creatividad. Por fortuna, la propuesta
ministerial no da la matraca con el cheque escolar. En el informe
citado se comenta el caso de los cheques escolares en Suecia, que se
han traducido en una escasa mejora de los resultados (nula para los
alumnos de bajo estatus) y en una creciente segregación social
entre las escuelas. Sabido es, y con esto concluyo, que la
participación de padres y alumnos en el control y gestión de los
centros es más bien una burla creada al amparo de la LODE de
Maravall. El anteproyecto lo termina de rematar al limitar al
asesoramiento las funciones del consejo escolar, lo que contradice
el artículo 27 de la Constitución. En definitiva, estamos ante una
propuesta que nos aleja, aún más, de los retos de la sociedad de
la información y del conocimiento. Y lo peor es el apoyo con que
esta propuesta pueda contar entre significativos sectores del
profesorado, especialmente el de secundaria.
En El Mundo, se destacan las opiniones del
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert, quien
ha asegurado que, "en contra de los que se dice de ámbitos
nacionalistas y socialismo", la Ley
de reforma educativa "no
es ni muchísimo menos una recentralización del sistema educativo,
sino la
apertura a lo que necesita el sistema".
En la localidad guipuzcoana de
Hernani, donde el ministro realizó, junto al presidente del PP
vasco, Antonio
Basagoiti, una visita a
Chillida Leku, Wert ha destacado que "nuestros jóvenes que se
forman hoy en escuelas, institutos e ikastolas, no van a competir
con el de la aldea de al lado ni mucho menos con el de su aldea ni
con el de la ciudad, ni siquiera con el de la región de al lado,
van a competir en un mercado global en el que va a ser muy
importante que existan unos contenidos comunes, unos cimientos sobre
los que construir el edificio de la formación". Por su parte,
Basagoiti ha reprochado "la virulencia" de la consejera
Educación, Isabel
Celaá, a la hora de
criticar la reforma educativa "que pretende mejorar la calidad
y acabar con la doctrina que en algunos lugares se quiere imponer".
Señala ABC que, en el campo de la enseñanza
media, las reformas y contrarreformas educativas han sido la tónica
hasta hoy, como pone de manifiesto este breve recorrido por la
legislación básica en España. La actual reforma que ha emprendido
Wert probablemente supone la mayor revolución desde 1970. Y repasa:
La LGE, 1970.
Comenzamos con esta ley porque estuvo vigente de forma parcial hasta
1990. La
Ley General de Educación es
obra del ministro José Luis Villar Palasí. Estableció la
enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB, la Educación
General Básica, estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase
de ocho cursos el alumno accedía al BUP, Bachillerato Unificado
Polivalente, o a la entonces creada FP, Formación Profesional. La
LOECE. 1980. Tras la firma de la
Constitución (1978), la Ley Orgánica del Estatuto de Centros
Escolares (LOECE) fue la primera que se aprobó en el campo de las
enseñanzas medias. Estuvo vigente cinco años e introdujo un modelo
democrático en la organización de los centros docentes. Suárez
estaba en el poder. La LODE, 1985.
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) incorporó el
sistema de colegios concertados. El PSOE mandaba. La
LOGSE, 1990. La Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), entre otras medidas, amplió
la escolaridad obligatoria a los 16 años; introdujo la ESO y el
Bachillerato de dos años; reguló la educación especial y permitió
que las comunidades autónomas no solo gestionaran los centros
educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante
de los contenidos curriculares. La
LOPEG, 1995. Es
la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los
Centros Docentes (LOPEG). Conocida como «Ley Pertierra»; una ley
sobre gestión y gobierno de los centros. La
LOCE. 2002. La Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE), promulgada el 23 de diciembre de 2002 por
el segundo gobierno de José María Aznar (PP), siendo ministra
Pilar del Castillo, pretendía reformar y mejorar la educación en
España. No llegó a aplicarse. Tras la llegada al poder del
gobierno de Zapatero (PSOE), se paralizó el calendario de
aplicación de la nueva ley por medio de un Real Decreto en 2004. La
LOE, 2006. El
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica
de Educación (LOE), que permanece en vigor desde 2006 y que entre
otras novedades introdujo la polémica asignatura de Educación para
la Ciudadanía. La Religión es de oferta obligatoria para los
centros y voluntaria para los alumnos.
Ni se han
terminado las siglas, con toda probabilidad, ni mucho menos las
opiniones que cualquier normativa en educación merece y merecerá,
por los siglos de los siglos. En esta ocasión, con las autonomías
ha topado, señor Rajoy-Wert...