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La  reforma educativa que propone Wert

La reforma educativa que propone Wert

sábado 22 de septiembre de 2012, 13:06h
Aquí está, ya llegó: se acaba de presentar, la séptima reforma educativa de la democracia", ahí es nada. La presenta el ministro Wert, y de momento, ya obtiene algunas reacciones de radical oposición y rechazo. Aunque aún está naciendo...

Dice El País que Wert pone freno a la dispersión autonómica, y que la reforma educativa reduce el papel de las CCAA en los contenidos. Wert culpa a las CCAA de los malos resultados en educación y recorta su margen de actuación. La reforma que recupera las reválidas, tendrá coste cero. El Ejecutivo fijará más contenidos comunes para toda España. Cataluña y País Vasco rechazan frontalmente la recentralización. El ministro afirma que los recursos no son la causa del retraso educativo. Expertos discuten que la desigualdad entre territorios haya aumentado. El objetivo es aumentar el número de alumnos en FP. Wert legisla contra la videncia empírica de que disponemos. Los países que segregan antes tiene resultados menos igualitarios. Y en su editorial, El País habla de nuevo viraje educativo, y que el proyecto de reforma facilita la segregación temprana de los alumnos desfavorecidos.
Titula El Mundo: Wert contra la dispersión educativa de las autonomías. Durán considera que incrementar el diez por ciento de los contenidos comunes se carga radicalmente el Estado autonómico. Insiste El Mundo: Wert quita poder a las autonomías ante la dispersión educativa. CiU le acusa de cargarse la Constitución y el PNV advierte que no lo tolerará. Y destaca: Con dos suspensos no se pasa curso. Superar la reválida de 4º de ESO implica aprobar también los suspensos acumulados. El rector de Valencia se suma al boicot estudiantil. En su editorial, El Mundo le da el visto bueno: Una reforma educativa en la buena dirección, se titula. En cambio, descalifica la de Zapatero por la tasa de abandono escolar. Nos parece acertada la reforma, termina diciendo, pero tal vez se haya quedado corta en relación a las necesidades del país.

ABC no habla de la reforma de Wert en su portada, sorprendentemente. En su interior. También le da su visto bueno: Buena reforma educativa, titula su editorial. Sostiene que el proyecto de Wert suscita expectativas muy favorables para una educación mejor.. Y en su información del proyecto, cuenta ABC que la mayor reforma educativa desde 1970 devuelve control al Estado, y que el Gobierno da luz verde a la futura ley de mejora de la calidad de la enseñanza, que Cataluña y el País Vasco tachan de recentralizadota. Considera luego en una serie de puntos las "medidas contra el fracaso": Más poder central sobre las asignaturas, se refuerzan las materias troncales, tres evaluaciones o reválidas, FP Básica, FB Dual y FP de Grado, autonomía de los centros, sí a la educación diferenciada, Bachillerato con oferta racional, adiós a la Selectividad y Caen Conocimiento y Ciudadanía. Y el recuento: Siete leyes orgánicas desde la democracia, recordando que la Ley Villar Palasí estuvo vigente desde 1970 hasta la Logse de 1990

La Vanguardia señala en su portada que el Gobierno abre otro frente al exigir la devolución de competencias en educación. El ministerio culpa del fracaso escolar ala dispersión autonómica y anuncia una ley para aumentar los contenidos comunes y recentralizar las evaluaciones. El director Antich dice que "la séptima, tampoco". Wert, sostiene Antich, repite los errores del pasado. La reforma tiene lagunas importantes.... Repite argumentos en su editorial, titulado La recentralización de Wert:La nueva ley pretende ser un paso de gran calado en la dirección de una enseñanza unificada en toda España. Y por ahí van los titulares de su información básica: Reforma centralizadora. El Gobierno fijará más contenidos comunes y diseñará las nuevas reválidas. Recuerda las seis leyes educativas anteriores, Loece, Lode, Logse, Lopeg, Loce, Loe y este proyecto que nace sin consenso. Señala que Wert defiende que la reforma es práctica y está planteada desde el análisis. Que el sistema de evaluación ha de ser homogéneo. Y que Educación prevé invertir unos 300 millones de euros desde 2016. Recoge la Vanguardia, a continuación, la opinión de la consellera Irene Rigau: Esta ley sólo pretende homogeneizar la educación. La consejera vasca Isabel Celáa, a su vez, pide la dimisión del ministro Wert. Sostienen en Cataluña que la evaluación del aluminado es competencia de la Generalitat, que Ensenyament considera que no debería haber dos pruebas distintas y que la nueva norma supone un ataque directo al autogobierno. En otra página, La Vanguardia explica las clave de la LOMCE: Elegir estudios a los 15 años, enésima dignificación de la FP, cuatro pruebas dos de ellas reválidas, más horas de mates, lenguas y ciencias y a la espera del estatuto docente. La LOMCE incluye un aval para los conciertos a centros que separen por sexos. El Gobierno apuesta por más horas para las materias instrumentales.

La portada de El Periódico de Cataluña también se hace eco este sábado de la séptima reforma educativa de la democracia, con el título La Escuela del PP. Y sintetiza: El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que se hagan reválidas a los 8, 11, 15 y 17 años. La reforma es centralizadora y rebaja en un 35% el poder de decisión de las autonomías. Señala luego El P de C., que la 'consellera' de Educació, Irene Rigau, ha advertido de que la reforma de la enseñanza no universitaria planteada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada por el Gobierno es "inaceptable" y supone una "ofensiva total" contra la estructura fijada por el Estatut. En declaraciones a los periodistas, Rigau ha reaccionado así al anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, que prevé que la administración central aumente su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% del currículo en el caso de comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto. La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno le corresponde el establecimiento de las competencias mínimas que deben adquirir los alumnos, los criterios de evaluación y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica. Rigau ha insistido en que no es necesario "recentralizar" el sistema educativo y ha remarcado que al Estado no le corresponde evaluar a cada uno de los alumnos. Por este motivo, ha advertido de que la reforma impulsada por el Gobierno es desde el punto de vista competencial "inaceptable". Según la 'consellera', el responsable último de esta "ofensiva" es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pese a que el portavoz que ha dado a conocer su contenido haya sido el ministro Wert.

Titula La Razón, a toda página: Una Educación, una Nación. El Ministerio unifica los contenidos y resta poder sobre las asignaturas a las autonomías. Exámenes al finalizar cada etapa. Habrá cuatro pruebas de nivel de carácter estatal en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Adiós a Ciudadanía y Cono. Vuelven las ciencias sociales y culturales y ganan peso Matemáticas y Lengua. Fin de la selectividad. Se recupera la reválida y las Universidades podrán pedir sus propias pruebas de acceso. Todo eso en la portada del diario. En su editorial, habla de Educación de Calidad y sostiene que la reforma de Wert va en la buena dirección y reducirá la dispersión entre CCAA. Es realista y busca reforzar las asignaturas básicas, valorar el esfuerzo académico y poner cierto orden en ese cajón de sastre en el que se mezclan 17 escuelas distintas. Destaca luego en el pie de foto que el Estado decidirá más contenidos y que estamos ante una reforma educativa que valora el esfuerzo.. Y a toda plana insiste luego: La misma educación para toda España. El Gobierno aprueba el anteproyecto de la reforma educativa que garantiza que los alumnos adquieran el mismo nivel de conocimientos en todo el territorio. Educación resta poder a las autonomías sobre los contenidos de las asignaturas. El aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales gana horas de estudio. Habrá cuatro exámenes estatales en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Supone el fin de los libros de texto como herramienta nacionalista. Y Eugenio Nasarre señala que lo fundamental es centrarse en la calidad y que tenemos una oportunidad para mejorar nuestra Educación. En otras cuatro páginas más, señala La Razón el adiós a Educación para la Ciudadanía, que el Bachillerato durará dos años, tendrá cinco alternativas y desaparece la selectividad, que se elimina "Cono" y habrá más Lengua y Matemáticas, que la FP se hará a partir de los 15 años y acorde al mercado laboral, que los directores tendrán más poder y deberán ser más profesionales, y que es la hora de enterrar los mitos pedagógicos.

La Gaceta señala en su portada que la nueva ley de educación unifica 17 modelos distintos. Refuerza el control del Estado en los contenidos que fijan las Autonomías. En su editorial sostiene La Gaceta que es una buena reforma educativa, y que es excelente la noticia de la aprobación del proyecto de ley orgánica. Las líneas del proyecto, insiste, van en la dirección correcta, y los objetivos de esta reforma deberían ser saludados a con entusiasmo por todas las fuerzas políticas.... Y a la hora de exponer el proyecto, cuenta La Gaceta que Pert unifica la educación de las autonomías, y que la nueva ley otorga más poder del Estado sobre las regiones para evitar una dispersión inmanejable de contenidos educativos. Facilitará las ayudas a los centros que diferencian por sexo. Favorece el bilingüismo. Y da otra serie de "pistas": Más control estatal, sin selectividad, por sexo, más Matemáticas, Bilingüismo, Fuera EPC, el futuro da los 15, las cinco vías FP..., y que a la séptima debería ser la vencida. Los nacionalistas claman contra la reforma educativa de Wert. Consideran que sólo es una excusa para quitarles competencias. Durán Lleida se pregunta: ¿Por qué no ejercemos la soberanía?

En El País, con la firma de Rafael Feito Alonso, profesor de sociología, se señala que las intenciones de reforma de la educación del actual gobierno se recogen en un documento de PowerPoint titulado Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la ley de la calidad educativa. Y que se observa en él una clara voluntad segregadora. Desde el principio se afirma que todo el mundo tiene talentos -obvio, por lo demás-, pero enseguida se añade que de distinto tipo. Está claro, unos tienen talento para el éxito escolar -que son los que irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual -los destinados a la formación profesional o a los programas de cualificación profesional-. El documento señala que hay países de éxito que separan en una red académica y en otra profesional a su alumnado a los 14 años de edad. Sin embargo, omite que igualmente hay países de éxito -entre ellos Finlandia, líder en los informes PISA- que mantienen el tronco común hasta los 16 años. Por otro lado, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. Esto es algo muy claro en Suiza, cuyos cantones tienen distintas estructuras educativas. En las investigaciones que comparan las evaluaciones internacionales en primaria -PIRLS- y en secundaria -PISA- se observa un claro incremento de las desigualdades en los países que segregan tempranamente (sería el caso de Alemania, cuyo modelo educativo suscita la admiración de Wert). Ni que decir tiene que el alumnado que vaya a los itinerarios profesionales a partir del tercer curso de la ESO será víctima del efecto Pigmalión: el profesorado depositará en él bajas expectativas que se traducirán en malos resultados (la profecía que se cumple a sí misma). Recuerda el autor que el informe que la OCDE publicó a comienzos de año titulado Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schoolses toda una enmienda a la totalidad a esta propuesta gubernamental. Por mucho que choque a la mentalidad de nuestra derecha, la equidad y los buenos resultados académicos van de la mano y esto es lo que sucede en los países que sistemáticamente ocupan las primeras posiciones en los informes PISA. Adelantar la edad de segregación de los alumnos para decidir quién va a la formación profesional y quién al bachillerato es un colosal error que solo cabe interpretar en clave de sectarismo ideológico en favor de la división social. De los 39 países incluidos en el informe sobre equidad, 14 de ellos (Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la propia España) mantienen a su alumnado en un mismo tronco de escolarización hasta los 16 años para, a partir de esa edad, decidirse por la rama académica -equivalente al bachillerato- o por la profesional. Es más, el informe cita el caso de Polonia, país que, entre otras cosas, extendió el tronco común hasta los 15 años, lo que de un modo unánime se considera una de las razones clave que explica su espectacular reciente éxito educativo. Lo que propone Wert es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos. Tampoco se entiende la preocupación por aumentar el porcentaje de alumnos de secundaria superior que opta por el bachiller en lugar de por la formación profesional. En torno a algo más de la mitad de los estudiantes de los países considerados en el estudio de la OCDE elige la rama general de la secundaria superior. Francia y España están levemente por encima de esta media. También lo están, y en mucha mayor medida, países como Nueva Zelanda, Portugal, Israel, Reino Unido, Japón o Canadá. Resulta cuando menos escandaloso que el anteproyecto condene al fracaso escolar, es decir, a la no obtención del título de la ESO, a quienes cursen los programas de cualificación profesional. No se olvide que la ESO permite obtener el mínimo de competencias para desenvolverse cabalmente como ciudadano y como trabajador, que no conseguir la ESO prácticamente equivale a una condena a la marginación social. Uno de los temas estelares de la propuesta de reforma es la realización de exámenes de reválida para pasar de nivel: de primaria a la ESO, de la ESO al bachiller y al final del bachiller. En primaria, en el área de la OCDE, solo una región de Bélgica tiene una prueba de este tipo. En el anteproyecto ministerial los niños y niñas que no aprueben el examen de primaria repetirán curso. El informe de la OCDE es taxativo con respecto a la repetición de curso: es un gasto simplemente inútil y no sirve para mejorar el rendimiento. A modo de ejemplo, Corea universalizó en los años cincuenta del siglo pasado el acceso a la primaria, pero restringió el acceso a la secundaria por medio de exámenes. Buena parte de los profesores consideraba que tales pruebas ponían mucho énfasis en la memorización, de modo que finalmente fueron abolidos en 1974. Hoy Corea, junto con Finlandia, encabeza la lista de los estudios PISA. Pese a todo, y esto es un aviso para los navegantes en favor de la cultura del esfuerzo por el esfuerzo ("el sudor de tu frente"), los niños coreanos dedican la mayor parte de su energía a memorizar incansablemente como si se tratara de formar a funcionarios confucianos. Chris Duffy, quien ha sido docente en Boston y en Corea, se lamentaba de la ansiedad y la angustia que padecen buena parte de los adolescentes (de hecho una encuesta reveló que nada más y nada menos que una quinta parte de los estudiantes de secundaria había pensado seriamente en quitarse la vida).

A estas tres reválidas anunciadas hay que añadir la realización de evaluaciones externas. Creo que poco cabe objetar a la difusión de exámenes estandarizados que permitan a las familias conocer los resultados de las escuelas de su entorno o de su preferencia. Los economistas de Fedea están fascinados con las pruebas de conocimientos llamados indispensables que realiza la Comunidad de Madrid. Las comparan con las que se hacen en Reino Unido y cuyos resultados publica la BBC. Sin embargo, estas no tienen nada que ver con nuestros carpetovetónicos tests. Allí se informa sobre el gasto por estudiante, el porcentaje de estudiantes con becas de comedor o el salario de los profesores. Es decir, es posible saber el valor añadido que aporta cada escuela. El peligro de que la formación se focalice en los tests es evidente. Jonathan King, un reconocido biólogo molecular del MIT, envió a sus dos hijos a la misma escuela. Su hijo mayor aprendió desde la experiencia. Junto con sus compañeros de clase iba a una charca y tomaba muestras. De hecho, los niños y niñas descubrían criaturas que este biólogo desconocía. Con su segundo hijo las cosas fueron radicalmente diferentes ya que ha sido preparado para pasar tests. La experiencia, el mancharse las manos, han desaparecido. Es de loar la preocupación de la propuesta ministerial por la introducción de las nuevas tecnologías y por la mejora del aprendizaje del inglés. Por desgracia, no parece ir más de allá de un brindis al sol. Ambos aspectos requerirían un aumento del presupuesto y sobre todo cuestionar algo mucho más profundo y que es el modo en que se enseña, el cual está más volcado en la repetición de contenidos que en el desarrollo del pensamiento autónomo o de la creatividad. Por fortuna, la propuesta ministerial no da la matraca con el cheque escolar. En el informe citado se comenta el caso de los cheques escolares en Suecia, que se han traducido en una escasa mejora de los resultados (nula para los alumnos de bajo estatus) y en una creciente segregación social entre las escuelas. Sabido es, y con esto concluyo, que la participación de padres y alumnos en el control y gestión de los centros es más bien una burla creada al amparo de la LODE de Maravall. El anteproyecto lo termina de rematar al limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. En definitiva, estamos ante una propuesta que nos aleja, aún más, de los retos de la sociedad de la información y del conocimiento. Y lo peor es el apoyo con que esta propuesta pueda contar entre significativos sectores del profesorado, especialmente el de secundaria.

En El Mundo, se destacan las opiniones del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien ha asegurado que, "en contra de los que se dice de ámbitos nacionalistas y socialismo", la Ley de reforma educativa "no es ni muchísimo menos una recentralización del sistema educativo, sino la apertura a lo que necesita el sistema". En la localidad guipuzcoana de Hernani, donde el ministro realizó, junto al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, una visita a Chillida Leku, Wert ha destacado que "nuestros jóvenes que se forman hoy en escuelas, institutos e ikastolas, no van a competir con el de la aldea de al lado ni mucho menos con el de su aldea ni con el de la ciudad, ni siquiera con el de la región de al lado, van a competir en un mercado global en el que va a ser muy importante que existan unos contenidos comunes, unos cimientos sobre los que construir el edificio de la formación". Por su parte, Basagoiti ha reprochado "la virulencia" de la consejera Educación, Isabel Celaá, a la hora de criticar la reforma educativa "que pretende mejorar la calidad y acabar con la doctrina que en algunos lugares se quiere imponer".
Señala ABC que, en el campo de la enseñanza media, las reformas y contrarreformas educativas han sido la tónica hasta hoy, como pone de manifiesto este breve recorrido por la legislación básica en España. La actual reforma que ha emprendido Wert probablemente supone la mayor revolución desde 1970. Y repasa: La LGE, 1970. Comenzamos con esta ley porque estuvo vigente de forma parcial hasta 1990. La Ley General de Educación es obra del ministro José Luis Villar Palasí. Estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB, la Educación General Básica, estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase de ocho cursos el alumno accedía al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, o a la entonces creada FP, Formación Profesional. La LOECE. 1980. Tras la firma de la Constitución (1978), la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) fue la primera que se aprobó en el campo de las enseñanzas medias. Estuvo vigente cinco años e introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes. Suárez estaba en el poder. La LODE, 1985. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) incorporó el sistema de colegios concertados. El PSOE mandaba. La LOGSE, 1990. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), entre otras medidas, amplió la escolaridad obligatoria a los 16 años; introdujo la ESO y el Bachillerato de dos años; reguló la educación especial y permitió que las comunidades autónomas no solo gestionaran los centros educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante de los contenidos curriculares. La LOPEG, 1995. Es la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Conocida como «Ley Pertierra»; una ley sobre gestión y gobierno de los centros. La LOCE. 2002. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar (PP), siendo ministra Pilar del Castillo, pretendía reformar y mejorar la educación en España. No llegó a aplicarse. Tras la llegada al poder del gobierno de Zapatero (PSOE), se paralizó el calendario de aplicación de la nueva ley por medio de un Real Decreto en 2004. La LOE, 2006. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación (LOE), que permanece en vigor desde 2006 y que entre otras novedades introdujo la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. La Religión es de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos.

Ni se han terminado las siglas, con toda probabilidad, ni mucho menos las opiniones que cualquier normativa en educación merece y merecerá, por los siglos de los siglos. En esta ocasión, con las autonomías ha topado, señor Rajoy-Wert...
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