Estado Social y de Derecho

¿Podemos seguir llamándonos un Estado Social con todos los recortes que se están realizando? El euro por receta que se implantará en la Comunidad de Madrid, como ya lo tenía Cataluña, vuelve a disparar el debate. Pero también está el aumento de la edad de jubilación, recortes en el cálculo de las pensiones o en el subsidio de desempleo, en educación... Y eso sin hablar de la plaga de los desahucios que están dejando a cientos de miles de ciudadanos a la intemperie sin que el Gobierno actúe de una vez. ¿Podemos llamarnos un Estado de Derecho cuando el Congreso de los Diputados acaba de aprobar en Comisión, sin necesidad de pasar por el Pleno, una ley de tasas que va a ser una barrera para que muchos ciudadanos puedan defender sus derechos?

Hay que entrar en el debate sin dejar demasiado espacio a la demagogia ni a la utilización partidista de estos asuntos que afectan al corazón del Estado democrático. Disfrutamos de una sanidad universal de alta calidad -aunque últimamente las listas de espera crecen de forma alarmante sin que eso se denuncie- y con unos profesionales excelentemente formados. Pero hay muchos problemas: un indudable abuso por parte de algunos, que en ciertos casos ya se está frenando; unos costes disparados porque esa sanidad de calidad es cada vez más cara; y una gestión de los recursos y de los hospitales manifiestamente mejorables. Es cierto que la sanidad, como la educación, la pagamos con nuestros impuestos, pero está claro que eso ya no es suficiente. Imponer un repago en los medicamentos o un euro por receta es un coste que para algunas familias es importante y para la mayor parte de los ciudadanos no resulta excesivamente gravoso. Eso o subir más los impuestos. El euro de Madrid tiene además límites: 72 euros al año, es decir, seis euros al mes. Ahora bien, hay que evitar que esa medida afecte en nada a esos millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza o están a punto de traspasarlo.

La educación, universal y gratuita, casi hasta la Universidad, es otra cosa porque es de baja calidad y tiene unas tasas de fracaso escolar insoportables, culpa de unas leyes y de una gestión de décadas. Ahí hay que actuar de otra manera. No es sobre todo, un problema de recursos. Lo es de ineficiencia del sistema educativo, con un profesorado desmotivado y sin autoridad y con muchos alumnos que despilfarran el esfuerzo de todos los ciudadanos.

Y, finalmente, el asunto de las tasas judiciales aprobadas casi con nocturnidad y alevosía en el Congreso de los Diputados por el PP sin el respaldo de ningún otro grupo parlamentario. Las tasas -altísimas, cientos de euros, nada parecido a la sanidad- serán una barrera para millones de ciudadanos y consagran una Justicia para ricos -los que las pueden pagar- y para pobres- los que tengan derecho a justicia gratuita, que también se quiere limitar-. Los demás, los mileuristas por ejemplo, comprobarán que reclamar por un despido, una multa, un problema de alquiler, etc. y algunos derechos fundamentales, será imposible para ellos.

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