El Gobierno justifica sus indultos a corruptos del PP porque se observó la legalidad vigente

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares preguntó al Ejecutivo sobre los motivos que le llevaron a indultar "en un solo día" al que fuera alcalde de Valle de Abdalajis entre 1995 y 2007, Tomás Gómez Arrabal, y a tres de sus compañeros en la corporación: María Teresa Mesa Pernia, Fermín Muñoz Armero y Antonio Pérez Postigo.

   Llamazares quería saber cómo justificaba el Gobierno la concesión de esta medida de gracia para personas condenadas a "fuertes penas de prisión" y si Moncloa considera que este tipo de 'premios' "contribuyen a reforzar la lucha contra la corrupción urbanística en nuestro país".

   Sin embargo, estas dos preguntas han quedado sin respuesta. En el escrito que ha remitido al Congreso, el Gobierno se limita a explicar que procedió a su concesión "después de estudiar y analizar la documentación e información que contenían sus expedientes" y que "el Ministerio de Justicia ha observado en todo momento la legalidad vigente a la hora de conformar los citados expedientes".

   Desde Moncloa consideran "lógico" que los cuatro indultos se aprobaran a la vez, puesto que corresponden a "coautores de un delito". Además, recalca que el indulto "no implica la desaparición del delito, ni implica la cancelación de los antecedentes penales".

    "Los cuatro indultados a los que se hace referencia son culpables de un delito que merece un reproche social, el cual no es apaciguado por el indulto", argumenta en su contestación a Llamazares.

Conmutación de las penas por otras menores

En este sentido, insiste en que la medida de gracia "sólo actúa para amortiguar de manera limitada los efectos de una determinada condena" y que en los casos referidos "las penas de inhabilitación no han sido indultadas, acordándose tan sólo la conmutación de las penas de prisión por otras menores".

   En concreto, a Gómez Arrabal, que fue regidor de Valle de Abdalajís entre 1995 y 2007, año en que fue desbancado por el PSOE, se le condenó como autor de tres delitos de prevaricación urbanística a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por cada delito.

   Asimismo, fue condenado por otros cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y cinco continuados de prevaricación urbanística, a la pena, por cada uno, de un año de prisión, con la accesoria también de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años de prisión.

   Por otra parte, el Gobierno señala que "no consta" la concesión de más medidas de gracia a condenados por prevaricación durante este año, que era otra de las preguntas que le había planteado el diputado de IU.