No son prisas, pero sí que se quieren ir cerrando ya los plazos. Así, el Gobierno quiere tener este viernes encima de la mesa del Consejo de Ministros el informe que ha encargado a la Abogacía del Estado sobre la declaración aprobada por el Parlament catalán, que proclamaba la "soberanía jurídica y política" del pueblo catalán.
El Ejecutivo encargó el pasado viernes a la Abogacía del Estado estudiar de forma "urgente" la citada declaración, viendo su alcance, consecuencias y posibles impugnaciones, de forma que el Gobierno pueda decidir si toma medidas legales.
Las fuentes consultadas han explicado que se trata de ver qué valor jurídico tiene esa declaración soberanista y, en función de esa valoración, se trasladarán al Gobierno posibles respuestas y qué actuación podría seguir.
Los precendentes: el 'plan Ibarretxe'La opción de llevar el texto del Parlamento catalán al Tribunal Constitucional parece complicada, ya que el Gobierno no quiere que le ocurra lo mismo que le pasó a
José María Aznar con el llamado 'plan Ibarretxe' que proclamaba el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y que aprobó el Gobierno vasco el 25 de octubre de 2003.
Pocos días después de que la Mesa del Parlamento vasco abriera su tramitación parlamentaria, sin que hubiera una disposición o resolución, el Gobierno del PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. En abril de 2004 el alto tribunal rechazó esa impugnación y autorizó que la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi siguiera su curso argumentando que, uno de los fundamentos del sistema democrático, consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate.
Las otras medidasAquí ya hemos contado las otras dos vías que le quedan a
Rajoy para frenar a
Artur Mas y sus nuevos socios políticos, sobre todo de cara a la consulta soberanista que quiere convocar el Govern para 2014 o posteriormente. La segunda vía pasa directamente por demandar a Mas por invasión de competencias. Si hubiera consulta, "el Gobierno de España, en cumplimiento de nuestra Constitución, iniciaría los mecanismos legales para suspender la celebración del mismo". Esta posibilidad pasa por que la Fiscalía General del Estado actuara contra Mas como firmante del decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación.
Si la consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin efecto, por no atenerse a la legalidad. En el caso de que Mas insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política, convirtiéndole en un mártir político para los soberanistas catalanes.
La tercera vía es ya la más extrema y a la que el Gobierno prefiere no tener que llegar en ningún caso, pero existe como posibilidad. Hablamos de la siempre polémica idea de la suspensión de la autonomía catalana.
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