Regeneración y rearme

 Un ansia de regeneración surge en cada tiempo, cuando un viento fétido de corrupción y desconfianza domina el ambiente. No se trata solo de salir de una crisis económica por instinto de supervivencia, sino de superar un momento histórico de depresión que afecta a lo que llaman metamercado. Se trata de una crisis sistemática que pone en cuestión valores, instituciones y personas con síntomas de fin de ciclo y menosprecio de los elementos positivos del presente que aún son válidos. La realidad es que España necesita reformas políticas de fondo pero, a la vez, que está en condiciones para rearmarse desde su propia plataforma institucional y social. La autoregeneración es posible como acción colectiva, pero esta hipotética acción necesita de un liderazgo que, por el momento, permanece ausente. Los dirigentes de un rearme moral no pueden ser los mismos que están embrollados, confusos o mancillados por una atmósfera viciada que, con culpa o sin ella, no les permite respirar a pleno pulmón, expresarse con voz clara y tomar decisiones enérgicas.
 
Para oxigenar el ambiente no hacen falta gestos heroicos ni programas utópicos. Modificar el sistema electoral no necesita, para empezar, otra cosa que desbloquear las listas que presentan los partidos de forma que el elector pueda expresar sus preferencias personales y no solo la línea ideológica, aunque los partidos conserven su capacidad de oferta. Para limpiar las corrupciones parásitas de los procesos electorales hay que partir de que las campañas son operaciones de marketing cuyo resultado está condicionado por las inversiones publicitarias, lo que provoca la tentación de levantar dinero a toda costa, recurriendo a todo género de intermediarios sin escrúpulos. Limitar y controlar con transparencia y sentido común las inversiones y las cajas de los partidos políticos no parece tarea inabordable, aunque es evidente que hacerlo tarde y con escasos medios, tal cual hoy se hace por el Tribunal de Cuentas, es como no hacer nada. Hacer menos costosa y más operativa la administración pública depende de la capacidad de reducir excesos de descentralización y reorganizar la vida local y autonómica de la Nación, racionalizando las competencias de los distintos órganos administrativos y la capacidad de inspección de los cuerpos funcionariales del Estado. Acrecentar la seguridad jurídica y el imperio de las normas es dotar de más diligencia, efectividad e independencia al poder judicial. Hacer más eficaz al poder central depende de la capacidad de quienes lo detentan para emplear sin miedo los instrumentos de autoridad y defensa del Estado, impidiendo ejecutivamente todo conato de su ruptura o fragmentación.
 
Que todas estas tareas exigen entrega y valentía no cabe duda. Pero, tampoco, son esfuerzos colosales e inasequibles a una acción política normal, dentro de un sistema democrático y sin alteraciones sustanciales de su Constitución o de sus relaciones internacionales. Ninguna de estas líneas de rearme perjudicaría a la solidaridad nacional, a la recuperación económica ni a los derechos sociales. Una estrategia de mayor integración política y económica con mayor decencia en la esfera pública no es una utopía sino un deber lógico. Rearmar las instituciones, clarificar las conductas, escuchar a la sociedad civil y dar la cara en el momento oportuno son exigencias mínimas para unos políticos fiables. Pero, para empezar, hay que separar el grano de la paja. Lo que está claro es que no se puede seguir anestesiando la pérdida de confianza con el recurso a la lentitud de las instancias judiciales. La justicia sentenciará, en su día, pero no limpia un presente que se está haciendo irrespirable. La limpieza es una tarea ejecutiva de rearme moral no un lento ejercicio de jurisprudencia. La justicia se ejerce sobre hechos probados no sobre sospechas, pero la política debe ejercerse libre de sospechas para que un rearme moral sea efectivo en tiempo presente.