La Generalitat presenta un informe con 5 vías "legales" para celebrar la consulta

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para desgranar la hoja de ruta de su departamento, ha explicado que el estudio --todavía por acabar-- "considera legales y ajustadas a derecho" cinco mecanismos para celebrar la consulta, al menos tres de los cuales abocan al Govern a negociar con el Estado.

Así, el informe sostiene que con la ley de consultas vigente aprobada por el tripartito con el apoyo de CiU --sobre la que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse todavía pese a levantar su suspensión en 2011-- es viable preguntar a los catalanes sobre el futuro de Cataluña.

En la misma línea, el IEA avala la validez jurídica de la reforma de la ley de consultas que tramitaba el Parlament en la anterior legislatura y cuyos trabajos fueron truncados con el adelanto de las elecciones catalanas por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Fuera de estas dos vías, que estarían pendientes del pronunciamiento del TC, el informe encargado por el Govern plantea otras tres vías para poder celebrar una consulta de autodeterminación.

Así, propone celebrarlo siguiendo lo establecido en el artículo 92 de la Constitución --referente a la celebración de referéndums--, lo que implicaría que fuera el Gobierno quien autorizase y regulase la consulta sobre la autodeterminación.

El IEA explora también la posibilidad de que el Estado ceda a la Generalitat la competencia para organizar referéndums, o que acepte tramitar una reforma del artículo 92 de la Constitución para permitir a las autonomías convocar consultas.

Desconfianza de ERC

Ortega ha sostenido que todas las vías defendidas por el informe son "salvables con mayores o menores dificultades", y ha emplazado al Estado a demostrar que realmente cree en la democracia e inclinarse por uno de los cinco mecanismos para consultar a los catalanes.

En su turno de réplica, el diputado de ERC Marc Sanglas ha defendido que todas las vías que requieran la implicación del Estado "no hace falta ni plantearlas", por lo que ha instado a la vicepresidenta a trabajar en la reforma de la ley de consultas.