El Gobierno pone bajo su 'batuta' todas las ramas de la acción exterior

Con estas palabras ha resumido la futura ley la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado la necesidad de planificar y coordinar la labor de los distintos actores que trabajan en el exterior para dotar de "coherencia" a su trabajo.

El objetivo es saber "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar", ha añadido la vicepresidenta.

Será el Consejo ejecutivo de política exterior el que defina esa estrategia en el exterior, con procesos de evaluación anual para comprobar si se han cumplido los objetivos.

A su juicio, es necesario que el conjunto de las instituciones del Estado actúen "bajo una dirección política, de forma coordinada con los mismos fines y los mismos objetivos".

Se establecerá también una racionalización del los servicios del Estado en el exterior para centralizar servicios y rediseñar el despliegue.

Sáenz de Santamaría ha enmarcado la norma en el proceso de reforma de las administraciones públicas y en la necesidad de dar respuesta a los retos de un entorno internacional cambiante y complejo.

'Embajadas' autonómicas
El Gobierno no prohibirá a las Comunidades Autónomas (CCAA) que abran delegaciones en el exterior, como llegó a barajar hace unos meses, aunque sí emitirá un informe sobre si considera pertinente esas aperturas y hará "recomendaciones" sobre los viajes que representantes autonómicos hagan al extranjero, sobre los que deberán informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Así consta en el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado elaborado por el Ejecutivo y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

El texto se remitirá ahora a sindicatos, Comunidades Autónomas, corporaciones locales y otros organismos públicos y privados implicados en la acción exterior para que emitan sus observaciones al respecto, que se recogerán en un informe que deberá ver el Consejo de Ministros.

Será entonces cuando el Gobierno solicite al Consejo de Estado el preceptivo, pero no vinculante, informe y solo después de haberlo recibido y valorado podrá abrir la tramitación del texto como proyecto de ley remitiéndolo a las Cortes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, ha confirmado que la última versión del anteproyecto no incluye una idea barajada con anterioridad por el Gobierno que permitía al Ministerio de Hacienda vetar la apertura de delegaciones en el exterior de aquellas CCAA que incumplan los objetivos de déficit.

Las autonomías deberán informar al Gobierno de su intención de abrir oficinas en el exterior, según la ley, y el Ministerio de Exteriores elaborará un informe sobre si ve razonable esa propuesta y, en su caso, les ofrecerá la alternativa de que incorporen sus delegaciones a las Embajadas u oficinas comerciales españolas, como España está haciendo con la UE en países como Yemen, Siria y Zimbabue, y hará en el futuro con algunos países iberoamericanos.

Si una CCAA con déficit excesivo destina recursos a mantener oficinas propias en el exterior rechazando el ahorro que supone integrarse en la red de Embajadas y oficinas comerciales del Estado entonces serán los ciudadanos, con su voto en las urnas, los que "juzguen la sapiencia de esa decisión", ha señalado el ministro.
Tras las críticas que el anteproyecto ha recibido desde las formaciones nacionalistas, el ministro ha remarcado que la intención de la futura ley es "ayudar" a las autonomías, "no controlarlas".