Defenderse de los gobernantes

Es indudable que en algunos asuntos, como el desempleo o la vivienda, estamos en una situación de emergencia social que puede agravarse en un futuro inmediato y que está situando a muchas familias por debajo del umbral de la pobreza o la indigencia. Este fenómeno exige una respuesta social, política y legal para evitar que millones de ciudadanos, muchos de ellos niños, pasen a formar parte de la exclusión social. Las respuestas deben ser rotundas, pero también pactadas y no pueden situar a unos ciudadanos en ventaja o desventaja en función de que vivan en un lugar o en otro. Tampoco pueden hacerse de manera improvisada ni burlando la ley. Seguimos legislando a golpe de telediario y eso implica una creciente inseguridad jurídica. No podemos estar esperando qué solución milagrosa se le va a ocurrir en un momento de genialidad a un gobernante.

La decisión de la Junta de Andalucía de multar con 9.000 euros a las entidades financieras si no ponen inmediatamente en alquiler sus inmuebles vacíos, que el PSOE se ha apresurado a apoyar con entusiasmo, al margen de su dudosa legalidad, supone una amenaza muy seria al derecho de propiedad, no discrimina casos en los que puede o no estar justificada, elude las responsabilidades de la Administración pública -qué hace con sus viviendas sociales, 60.000 vacías según algún medio-, traslada sus obligaciones al sector privado y olvida que la propia Administración tiene deudas cuantiosas con los bancos a los que quiere castigar. 

Esta izquierda que ahora persigue a los bancos por su bolsa inmobiliaria es la misma que -al igual que la derecha antes y ahora- aprobó medidas extraordinarias para beneficiarles y para salvarles de la quiebra a costa de todos los ciudadanos. Pero sabe perfectamente que, en el fondo, estas medidas populistas reciben un apoyo social fácil... al menos hasta que la medida se extienda a los pisos vacíos que tienen muchos miles de ciudadanos. Y esta derecha que ahora gobierna no escucha, no dialoga, no habla con los afectados -tampoco en asuntos capitales como educación, sanidad o justicia- para encontrar salidas negociadas a un problema de hondo calado.

Lo mismo habría que decir de una institución como la Generalitat de Cataluña que se resiste a aplicar sentencias del Tribunal Superior de Justicia y hasta del Constitucional que afectan a derechos concretos de los ciudadanos y donde se pone en solfa la legalidad permanentemente, sin que pase nada. Las sentencias se convierten en armas arrojadizas entre Gobierno y autonomías, una situación en la cual cualquier potencial inversor extranjero se pensará muy mucho si es seguro poner un euro en España. Tiene razón Felipe González cuando dice que "hay una crisis institucional que galopa hacia la anarquía". Parece que algunos gobernantes en lugar de servir a los ciudadanos que los eligieron, buscan que acabemos teniendo que defendernos de ellos.

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