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Sindicatos bajo sospecha

Sindicatos bajo sospecha

lunes 15 de abril de 2013, 16:02h
Se veía venir que antes o después los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, iban a entrar en el saco de la instrucción del caso de los EREs fraudulentos que dirige Mercedes Alaya. Era lógico si tenemos en cuenta que ambas fuerzas sindicales son unas de las principales protagonistas en buena parte de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo junto con la Consejería del ramo de la Junta de Andalucía. De hecho, uno de los destacados implicados en la causa, Juan Lanzas, no era sino secretario de Organización de la Federación andaluza de Alimentación de la UGT hasta que se dio de baja en el sindicato en 2002, y pudo obtener del dinero de los EREs casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul, según afirma el auto de la jueza Alaya, e incluyó como «intrusas» en Hitemasa a las esposas de Javier García de los Reyes y Rafael Mesa, ambos de UGT y con los que coincidió en el expediente de Hijos de Andrés Molina. Asímismo, en Dhul entró como intrusa la esposa de Damián Jiménez, de CC.OO., con el que Lanzas había coincidido en las negociaciones de Coosur, y en el de Surcolor entraron Manuel López, esposo de una concejal del PSOE en Camas y José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla.

Y es que las cosas se están poniendo muy feas tanto para CC.OO. como para UGT. Uno de los imputados en el caso, concretamente un directivo de Vitalia, ha admitido que ambas formaciones cobraron hasta 4,3 millones de euros de la Junta. Concretamente aseguró que pagó 4.291.384 euros a los entornos de UGT y CC.OO.» con dinero de «la sobrecomisión pactada con la Junta de Andalucía». Blanca y en botella. ¿Y ni Manuel Pastrana ni Paco Carbonero, secretarios generales de UGT y CC.OO en Andalucía, sabían nada de esta movida? Si así fuera habría que pedirles que dimitieran de sus cargos por pura incapacidad e inutilidad porque supuestamente les habría ocurrido lo mismo que al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con el escándalo de los EREs. Dice el dicho jurídico que "ignorantia legis neminen excusat", es decir, que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, y ellos, tan legalistas cuando les interesa, deberían ser los primeros en dar ejemplo, sobre todo cuando se trata de un dinero .ciento de millones de euros- que debería haber llegado a los parados y no a unos bolsillos particulares. Claro que, visto lo visto, los parados son quienes menos interesan a los sindicatos.

La imputación, ahora, del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su "intervención" en la inclusión de un 'intruso' en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox, no hace sino confirmar que ambos sindicatos "de clase" están metidos hasta las cejas en la trama de corrupción de los EREs. De hecho, aunque el recién reelegido secretario general de UGT, el jiennense Cándido Méndez (menuda coincidencia de paisanaje con muchos de los imputados en los EREs), mantiene un más que discreto silencio sobre el caso, su colega de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ya ha marcado las distancias con su representante en Andalucía, Francisco Carbonero, afirmando que no pone la mano en el fuego por nadie. El que avisa no es traidor. Contrasta este nerviosismo interno con la defensa a ultranza que los portavoces del PSOE y de la Junta, en concreto el propio presidente Griñán, hace de ambos sindicatos a los que ha tenido comiendo de la mano desde que era consejero de Economía y utilizándolos como apoyo callejero en su lucha contra el Gobierno de Mariano Rajoy. No es de extrañar que Griñán salga en su defensa y auspicie nuevos acuerdos de concertación para financiarles. El trabajo sucio hay que pagarlo, aunque sea con del dinero de todos los andaluces.

Mientras, el 14 de abril, muchos sindicalistas de CC.OO. y UGT, apoyados por sus "hermanos" de IU y PSOE, se dedicaban a salir a las calles de las ciudades españolas con la tricolor republicana exigiendo el derrocamiento de la monarquía constitucional y el advenimiento de la III República. Manda huevos. Más les valdría a los tontos de las banderitas poner algo de orden en su casa antes de pedir responsabilidades en casa ajena, que no está el horno para tanto bollo y tantísimo chorizo.
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