El okupador okupado

Dada mi fijación que según algunos lectores tengo con el asunto de los EREs fraudulentos de la Junta, y para no defraudarles hoy iba a escribir sobre el tremendo acoso y derribo orquestado contra la jueza Mercedes Alaya desde distintos sectores políticos y judiciales. Hay que reconocer que la magistrada del Juzgado número 5 de Sevilla lleva tres años con la instrucción de las cuatro macrocausas que investiga; es verdad también que diversos poderes públicos y más concretamente la Junta de Andalucía, se han dedicado a ponerle permanentes piedras en el camino para que dicha instrucción se eternice, negándose a facilitarle la información pedida sobre las actas de loa Consejos de Gobierno. Todo ello es cierto, pero no lo es menos que Alaya es una jueza muy particular que, desde el principio ha rechazado rotúndamente los ofrecimientos de apoyo de colegas que le podrían haber descargado de alguna de las causas menos mediáticas, ya sea la del Betis o la de los terrenos de Mercasevilla. Sea como sea, la realidad es que con la última Operación Heracles en la que han resultado imputados casi medio centenar de personas, el llamado Caso de los EREs fraudulentos se ha complicado con ramificaciones en media España y las instrucción acumula ya miles y miles de folios que amenazan con colapsar las dependencias del Prado de San Sebastián.

A las voces políticas que pedían una agilización de los trámites, encabezadas por el propio presidente de la Junta, Pepe Griñán, su consejero de Justicia, Emilio de Llera y su vicepresidente coaligado, Diego Valderas, se acaba de unirse ahora el Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente, Gonzalo Moliner que lo es también del Tribunal Supremo ha asegurado que, "de momento", no se ha planteado la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra Mercedes Alaya, aunque "no es normal ni aceptable" el retraso acumulado en la toma de declaración a algunos de los imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. Aviso a navegantes. Es posible que no haga falta que la jueza impute al diputado aforado y ex consejero de Trabajo, José Antonio Viera, para que el caso pase al Tribunal Supremo, sino que sean otros motivos los que se tomen como excusa para que la superjueza vea como instancias superiores le arrebatan de las manos la niña de sus ojos. A estas alturas de la película uno está casi seguro que Mercedes Alaya no acabará la instrucción de los EREs y hay que reconocer que ella puede tener también bastante culpa, por su excesivo protagonismo, de que los EREs acaben en otra instancia judicial. Son muchos los que lo están deseando y tienen mucha fuerza a la hora de presionar. Ya lo veremos.

Dejando a un lado este asunto que segiurá trayendo cola, me quería centrar en otra noticia bastante curiosa que me ha llamado la atención esta semana en Andalucía. La publicaba el viernes el ABC de Sevilla y no deja de tener su gracia. Daba cuenta el rotativo de que un empresario de Marinaleda había "ocupado" el despacho que el alcalde de dicha localidad y parlamentario andaluz por IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, tiene en la Cámara autonómica. El hombre, que no prefiere mantener el anonimato porque ya se sabe como se las gastan algunos vecinos en Marinaleda, montó hace meses una empresa de conservas vegetales en la que da empleo a una treintena de trabajadores, la mayoría de ellos mujeres. Desde entonces anda detrás de su alcalde, que dada su gran movilidad por los diversos mercadonas y por las fincas de toda Andalucía, no debe de ser nada fácil, para pedirle que le conceda la licencia municipal necesaria a la hora de solicitar cualquier ayuda o subvención de la Junta como las que tiene a manos llenas el Ayuntamiento de Gordillo. 

Ante la reiterada negativa del alcalde, optó por acudir al Parlamento y ocupar el despacho de dirigente del SOC al modo y estilo gordillano, pero sin pañuelo palestino. Que se sepa no hizo falta que Gordillo avisase a sus amigos de la Guardia Civil para desalojar al "okupa kapitalista", que se fue por propia voluntad. Eso sí, su empresa seguirá unos cuantos meses más sin la obligada licencia municipal por la insubordinación intolerable de un vecino al que, aunque parezca mentira, no cree a pies juntillas que Marinaleda sea la utópica tierra de la promisión proletaria que pregona su alcalde. Y es que siempre hay gente que no se contenta con nada y merecen ser castigados. ¡Desagradecidos, que sois unos desagradecidos!!