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La imputación de Barberá y Camps hacer prever que el próximo sería el ministro de Justicia

El juez Castro da un paso más para llamar a declarar a Ruiz-Gallardón por el 'caso Nóos'

El juez Castro da un paso más para llamar a declarar a Ruiz-Gallardón por el 'caso Nóos'

jueves 30 de mayo de 2013, 10:08h
El juez del caso Nóos, José Castro, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asuma la investigación que afecta al ex presidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de delito contra ambos. Según medios jurídicos conocedores del caso, el juez Castro ha dado así un paso más: ahora podría llamar a declarar al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos del Ayuntamiento de Madrid a Urdangarín cuando él era alcalde de la capital.
En un auto emitido el miércoles, el magistrado que investiga los negocios supuestamente fraudulentos de Iñaki Urdangarín y de la Infanta Cristina entiende que el ex presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han podido tener una "decisiva e imputable intervención" en el desvío de fondos del Instituto Nóos.

José Castro recuerda que no es competente para encausarlos por su condición de aforados, pero sólo en lo referente a la actuación de ambos políticos en relación a los casos Valencia Summit y al proyecto de los Juegos Europeos "y cualesquiera otros que en conexión con aquellos pudieran derivarse como acontecidos en el territorio de la competencia de dicho Tribunal y en ellos se pudiera advertir alguna responsabilidad penal para personas aforadas".

Castro propone que la narración de los hechos que realizó cuando impuso la fianza a Iñaki Urdangarin y Diego Torres sea reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados valencianos, y recuerda que en su resolución de enero de 2013 hacía referencia a "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos en apariencia delictiva".

El actual ministro de Justicia, también en el punto de mira

Ahora bien, como ya reveló Diariocrítico el pasado 19 de marzo, todo parece indicar que el particular vía crucis judicial del Partido Popular, de sus dirigentes y del Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho más que comenzar: según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el juez del 'caso Nóos' estudia llamar a declarar al hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades cuando era alcalde de Madrid.

La medida estaría siendo estudiada tanto por el juez Castro como por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, que investigan el 'caso Nóos', dado que algunos datos que han aparecido en las investigaciones salpican a la empresa de la candidatura olímpica de Madrid 2016: la entidad de promoción del evento abonó más de 140.000 euros al 'lobby' de Urdangarin, según se supo el pasado 8 de febrero. Y, según fuentes judiciales, hay más datos para llamar a declarar a Gallardón por este caso que los que hay para imputar a Francisco Camps y Rita Barberá.

Como es conocido, en febrero pasado una comisión judicial, encabezada por Castro y Horrach, profundizó en Madrid en la posible malversación de caudales cometida desde la empresa pública Madrid 16. Esta entidad se creó para promocionar la candidatura olímpica que lanzó Ruiz-Gallardón entre 2007 y 2009 y abonó más de 140.000 euros al lobby que encabezó Urdangarin desde el Instituto Nóos y sus fundaciones derivadas.

El juez Torres participó entonces en los interrogatorios de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y ex directora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, imputada, junto a otros dos ejecutivos. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16 que pugnó por lograr la nominación olímpica.

La fundación FDCIS, sucesora de la fundación Areté, fue montada por Urdangarin y su ex socio Torres, con la ayuda del empresario Joaquin Boixareu y el abogado Ramon Bergós, y figura en la causa como pantalla para ocultar el papel del duque en el entramado.
 
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