Llegan a España después de sobrevivir a los peligros del mar, sin documentos y sin un céntimo en el bolsillo. Lejos de ser el paraíso prometido, nuestro país se revela a los subsaharianos como una tierra inhóspita donde no resulta fácil salir de la ilegalidad. Un programa de acogida les brinda oportunidades para integrarse en la sociedad madrileña.
Mamemoussa vivía al lado del mar, pero jamás se había atrevido a adentrarse en él. "Cuando embarqué en el cayuco, comprendí lo peligroso que era", recuerda. Pero sobrevivió y llegó a Canarias, a miles de kilómetros de Dakar (Senegal), su ciudad natal; y de allí, en avión, a Madrid.
Como él, miles de subsaharianos entran en España cada año. Hace dos años, buena parte de ellos lo hacían saltando la valla de Ceuta o Melilla, pero desde que se reforzó la seguridad en las ciudades autónomas, prácticamente todos llegan en cayuco a las costas canarias. Lo hacen sin papeles para no volver: es necesario para que no los repatrien cuando entren en España. Pero después, ese pasaporte resulta vital a la hora de regularizar su situación. Sin papeles, no hay legalidad posible.
Así que cuando Mamemoussa, después de pasar unas pocas semanas en los centros de acogida de las islas, llegó a la Península, la situación se presentaba complicada. Sin dinero, sin trabajo y sin familia, permanecer en España, la tierra prometida, se conviertió en una pesadilla. Tras permanecer en un albergue de la Cruz Roja, siguió un curso intensivo de español. Trabajó de temporero en un campo de peras en Cataluña: "Cuando venían los inspectores, los jefes se llamaban los unos a los otros para que no descubrieran que todos éramos ilegales". Pero el trabajo se acabó. Y así llegó al centro de Ciudad Lineal.
Ayudarles a lograr la autonomía es el objetivo de los once trabajadores del Programa de Acogida Temporal y Atención a Personas de Origen Subsahariano del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por la empresa Grupo 5. Esa es la principal meta, pero para alcanzarla hace falta enseñarles castellano y mantener sus necesidades básicas cubiertas hasta que encuentren un trabajo y llevar una vida autónoma.
"Hola, llamaba por la oferta de empleo", reza un cartel. Con los anuncios clasificados esparcidos por la mesa, varios inmigrantes miran el papel de la pared mientras llaman por el móvil. "No les resulta fácil", explicas Sandra Sanz, coordinadora del programa. "Son extranjeros sin papeles y solo pueden trabajar en la economía sumergida". Con todo, en 2006, 80 subsaharianos consiguieron trabajo gracias al programa y 21 lo hicieron durante el primer semestre de 2007. La construcción y el campo, sobre todo en verano, son sus ocupaciones más frecuentes.
"Cuatro de cada cinco logran salir de aquí con una vida autónoma", explica Sanz, "pero en muchos casos vuelven porque se les termina el trabajo y, con él, el dinero". "Algunos incluso se las ingenian para conseguir un trabajo con los papeles de otra persona, o bien, si están indocumentados, tienen problemas para cobrar los cheques... Es muy complicado", explica Gema, una de las trabajadoras sociales del centro. Los servicios más demandados son el de búsqueda de empleo y la abogada, que les asesora sobre el largo camino hacia la obtención de papeles.
"A los tres años, pueden obtener el permiso de residencia por arraigo", dice Sanz, "y hasta entonces se ven abocados a trabajar como ilegales". Si tienen algún problema con la policía, facilitan a los agentes el contacto del centro.
Además de estos servicios, los subsaharianos pueden solicitar plaza en uno de los ocho pisos de los que dispone el programa en Ciudad Lineal. Mamadou, de 26 años y oriundo de Guinea Conakry, se instaló con su tío cuando vino a Madrid, pero no tenía dinero para pagar el alquiler. "Encontré empleo en una obra cerca del Santiago Bernabéu, pero se acabó el trabajo. Por eso vine aquí". Ahora es uno de los 50 inquilinos repartidos en los pisos tutelados, arrendados para este fin, que acogieron a 70 subsaharianos durante los primeros seis meses de 2007.
La estancia máxima es de tres meses. "Ellos son los responsables de la limpieza del piso", explica Sandra. Una supervisora se encarga de ir con ellos a hacer la compra semanal y de mediar en los posibles conflictos que puedan surgir en la convivencia. También les hace 'visitas sorpresa' de vez en cuando, para controlar que no entren más personas, pues está prohibido. "Al principio los vecinos no querían que hubiera un piso para inmigrantes en su bloque", comenta Sanz, "pero supongo que era por desconocimiento. Ahora ya se han acostumbrado y no ponen pegas, porque no hay problemas. Nosotros les enseñamos las habilidades sociales necesarias para convivir".
Ahora solo hay diez personas en la lista de espera para los pisos, pero esta cifra se dispara con la llegada del frío, que, además, coincide con el fin de la temporada de trabajo en el campo. Hay pocas mujeres: solo uno de los ocho pisos es mixto. "Ellas encuentran trabajo más fácilmente como internas o como empleadas del hogar", explica Sandra, "aunque también son las más vulnerables". Tampoco son muchas las que asisten a las clases de español o buscan empleo en la sala contigua. Los requisitos del programa establecen, además, que los beneficiarios deben ser mayores de edad y no tener cargas familiares. Los demás se dirigirán a otras organizaciones especializadas. Y así, a salto de mata, aguardarán a que se cumplan esos tres interminables años: el día en que para ellos empieza de nuevo el futuro.
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