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Regulará la singularidad de un sector que emplea a 85.000 personas

El Gobierno delimita la función de los detectives y los pone bajo control

El Gobierno delimita la función de los detectives y los pone bajo control

viernes 14 de junio de 2013, 17:16h
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impondrá mayores controles a los detectives privados, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las fuerzas de seguridad.
La futura ley, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.

"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad que ejercen las fuerzas de seguridad para mejorar", ha destacado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Entre las modificaciones que incorpora el proyecto con respecto al texto inicial y después de estudiar los observaciones de 44 entidades, las empresas de seguridad privada no podrán realizar investigaciones, una labor reservada a los detectives y estos tampoco podrán entrometerse en las funciones de los primeros.

Principales novedades

Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.

Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives, que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.

En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso, salvo en lo que se refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en todo caso, reside en el Estado.

Otra de las novedades que recoge el nuevo Proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables, sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa..

Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.


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