Un auto que explica muchas cosas

Desde hace aproximadamente dos semanas se viene produciendo un run-run en las sedes de los tres partidos con representación parlamentaria en Andalucía, un run-run que apuntaba a la más que posible imputación del presidente de la Junta, Pepe Griñán, bien en el Caso de los EREs fraudulentos bien en el llamado Caso Invercaria. En todos sitios, la pregunta que se hacían entonces era: ¿qué sucedería si Griñán fuese imputado?. Cuando uno inquiría sobre si había nuevos datos en la investigación que apuntaran hacia la imputación de Griñán, la respuesta era el silencio o meras especulaciones, pero, indudablemente algo había para que el nerviosismo cundiera en San Telmo, en San Vicente y en San Fernando. La huída hacia adelante de Griñán anunciando en el Debate sobre el estado de la comunidad su intención de no volver a presentarse como candidato y la designación de Susana Díaz como heredera fue un movimiento táctico que alimentaba esos rumores y preparaba la posible escapatoria del presidente en el caso de que fuese imputado.

Ahora, el auto que acaba de hacer público la jueza Mercedes Alaya en el que se da un importante salto cualitativo con la imputación de la ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, junto con casi una treintena de ex altos cargos y de actuales responsables de la Junta de Andalucía (entre ellos el número dos de la consejera Susana Díaz), acerca la posibilidad de que la imputación de Griñán esté cada día más próxima y explica la actitud del presidente de no seguir mucho tiempo más en el cargo y preparar su relevo. Porque no hay que olvidar que Magdalena Álvarez fue la antecesora de José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda donde Griñán pasó algunos años en el Ejecutivo de Manuel Chaves antes de acceder a la Presidencia y la inevitable pregunta es si Alaya imputa a la exministra y exconsejera por que (sic) "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias"..¿qué impide que impute a su sucesor en la Consejería que siguió haciendo más o menos los mismo que su antecesora?.

Si la magistrada considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo" en la instrucción "y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, "en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción", lo lógico es que la instrucción continuara hacia la cúspide de lo que ella misma llamó "pirámide de la corrupción" y en es cúspide podría encontrarse el presidente de la Junta, Pepe Grñán. La única respuesta pausible por la que aún Alaya no haya imputado a Griñán es la misma por la que habiendo imputado y hasta encarcelado al ex consejero de Empleo,  Antonio Fernández, no haya llamado a declarar ni imputado a su antecesor en el cargo, José Antonio Viera, pese a los indicios más que evidentes de su implicación.

Mientras ni Fernández ni Magadalena Álvarez son actualmente aforados, la imputación de Viera o de Griñán, implicaría que el Caso de los EREs pasara inmediatamente de las manos de Mercesdes Alaya, al Tribunal Supremo o el TSJA. Y da toda la impresión de que en estos momentos hay un pulso soterrado dentro del propio partido socialista por acelerar como sea y cueste lo que cueste, para que la jueza Alaya abandone definitivamente y cuantos antes la investigación de los EREs fraudulentos, aunque ello tenga que costarle el puesto al mismísimo Pepe Griñán. El auto de Alaya tiene por lo tanto un valor doble. No solo pone en un brete a una buena parte del Gobierno de Manuel Chaves, sino que puede obligar a Griñan a acelerar su más que medida y hasta ahora controlada sucesión. Ahora la cuestión no va a ser si el relevo de Pepe Griñán es Susana Díaz o Luis Planas. Ahora, el debate puede girar en si un Griñán imputado y sin haber logrado ganar ni unas elecciones, tiene o no legitimidad para elegir a sus sucesores. Como siempre, la jueza Alaya tiene  la última palabra.