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Más control a los cargos públicos para evitar blanqueos

Más control a los cargos públicos para evitar blanqueos

lunes 08 de julio de 2013, 09:59h
El Gobierno está decidido a aumentar los controles para prevenir el blanqueo de capitales y evitar casos de corrupción como los que han proliferado en España en los últimos años. Según ABC, el Ministerio de Economía ha diseñado, con la coordinación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una reforma de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La intención es fijar lo antes posible un control reforzado sobre más de 300.000 "personas expuestas políticamente" (PEP). Estos nuevos controles permitirán a entidades financieras, notarios y registradores enviar alertas tempranas al Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), sobre los posibles movimientos bancarios sospechosos, operaciones de compraventa o creación de sociedades que no se corresponden con la actividad pública que realizan y pueden entrañar riesgo de blanqueo. Son controles y procedimientos similares que ahora se aplican a los no residentes que abren una cuenta bancaria y, sobre cuyos movimientos, siempre que se superen determinados parámetros que se consideren de riesgo, se envía un informe de inteligencia financiera al Sepblac, y de ahí lo datos llegan a la Policía y al Ministerio Fiscal.

El proyecto de reforma al que ha tenido acceso el citado periódico, prevé que este control reforzado se aplique a aquellas personas que "desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en territorio nacional, en estados miembros de la UE o terceros países, tales como el jefe de Estado, presidente del Gobierno, ministros u otros miembros del Ejecutivo y demás cargos de la Administración del Estado". También se incluye a parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo y Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España, embajadores y encargados de negocios, el alto personal militar de las Fuerzas Armadas y directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración de una organización internacional. Con estas medidas, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende complementar la ley de transparencia.
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