La mejor defensa es el ataque

Incauto de mí. Oh infelice. Yo pensaba que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, cuyos sueldos dependen de los presupuestos y, por lo tanto, del bolsillo de los contribuyentes andaluces, estaban dedicados a analizar disposiciones publicas o privadas que chocaran con el Estatuto, a presentar recursos contra medidas del Gobierno central o de otras instituciones que dañaran las competencias de la Administración autonómica y, por suouesto, a defender a aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su trabajo, pudieran haber cometido algún error. Vamos, que si un médico del SAS, por ejemplo, mete la pata y, por cualquier causa, daña a un enfermo sin intención de hacerlo, la Junta le proporcionaba la defensa legal que necesitara si había sido denunciado por la víctima o sus familiares. Hasta ahí, todo estaba claro. Lo que no acabo de entender es que estos servicios jurídicos que pagamos todos sirvan también, como pretende Pepe Griñán, para defender a los altos cargos de su Gobierno imputados por la juez Mercedes Alaya en la trama de los EREs fraudulentos. Y no lo acabo de entender porque la mayoría de estos imputados no estaban en esos cargos (consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales o directores de empresas públicas) por su carácter de funcionarios de carrera sino que habían sido nombrados a dedo en ese puesto por el político de turno, ya se llamara éste Manuel Chaves o José Antonio Griñán. 

Item más, uno entiende que la Junta le pague la defensa a cualquier funcionario cuyo sueldo después de los últimos recortes, no llegue a dos mil euros mensuales, lo que se sale fuera de mis entendederas es que los altos cargos imputados. con nóminas y prebendas a veces escandalosas como es el caso de la ex consejera de Hacienda, ex ministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, se puedan servir también del "gratis total" que pone a su completa disposición el Gobierno andaluz. Sobre todo cuando se sospecha, o al menos la juez Alaya así lo entiende, que podrían haber cometido algunos presuntos delitos como prevaricación, falsedad documental o malversación de caudales públicos. Vamos que presuntamente nos roban el dinero a los andaluces y, encima, nosotros, que somos una buenas personas, les pagamos al abogado defensor para que puedan eludir la posible condena. Genial. 

No me extraña que algunos de los veinte imputados, como es el caso del Interventor general, Manuel Gómez Martínez, que casualmente en este caso sí es funcionario de carrera, haya pedido al Gobierno que le preste asistencia jurídica. Faltaría más. Posiblemente todo se ajuste estrictamente a la legalidad. No lo dudo. Pero a mí me pasa lo que a los socios de Gobierno de Griñán, los muchachos de IULV-CA, que no lo ven demasiado claro. aunque el sucesor de Diego Valderas, Antonio Maillo lo dice con la boca chica y a escondidas porque tampoco quiere sacar los pies del plato para no hacer peligrar el pacto que les está dando de comer a todos los camaradas. Y me pasa lo que a muchos miles de andaluces, que se nos queda cara de tontos cuando contemplamos la sarta de inmoralidades que está cometiendo el Ejecutivo andaluz en todo este turbio asunto de los EREs fraudulentos.

Y es que lo que más llama la atención es el recurso que la Junta, personada como acusación en el proceso, ha interpuesto al auto de la juez Alaya que imputaba a una veintena de altos cargos. Llama la atención porque, como argumenta la Fiscalía Anticorrupción, "lo único que puede llamar la atención es que el único recurso interpuesto, hasta ahora, contra el auto, no provenga de uno de los imputados en el mismo", y se refiere al hecho de que la Junta haya recurrido la decisión de la magistrada por entender que el auto carece de motivación, tal y como pregonaron publicamente en su momento todos los dirigentes socialistas, desde Griñán a Chaves, pasando por Felipe González o Pérez Rubalcaba. Vamos que tenía que haber sido uno de los imputados quien recurriese el auto y no la pretendida acusación particular. Ya se sabe que, como dice el dicho, la mejor defensa es un buen ataque y Pepe Griñán está dispuesto a jugar todas sus bazas.para impedir que el rosario de imputaciones de Alaya le alcance antes de dejar bien colocada a su sucesora, Susana Díaz. 

Ya ha comenzado el run-run del posible adelanto electoral cuando sólo llevamos un año y medio escaso de Legislatura. Se habla de las elecciones europeas como fecha clave para que Griñán deje al puesto y convoque los comicios andaluces. Serían en la primavera del 2014. Eso si antes no ocurre algo que las precipite como podría ser la imputación de Griñán. Al final, la clave de todo este embrollo sigue estando en las manos de la juez Alaya, para desgracia del exquisito presidente de la Junta de Andalucía. Estaremos atentos a lo que ocurra tras la vuelta de las vacaciones. El otoño en Sevilla puede ser bastante movido.