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El bufete anuncia acciones legales contra los promotores de una supuesta campaña ciudadana

'Timo ciudadano': involucran falsamente a un bufete para pedir la abolición de 'regalías' a los políticos

'Timo ciudadano': involucran falsamente a un bufete para pedir la abolición de 'regalías' a los políticos

lunes 14 de octubre de 2013, 12:57h
Se está moviendo por las redes sociales una petición de firmas para llevar al Parlamento una iniciativa legislativa popular con el fin de restringir los privilegios y 'regalías' que disfrutan nuestros parlamentarios. Tal iniciativa ya llevaba circulando algún tiempo, pero ahora se ha estructurado a través de un bufete de abogados... Pero lo ocurre es que es todo falso: el bufete no tiene nada que ver con la campaña y anuncia acciones jurídicas contra los promotores de una cadena de e-mails que utilizan su nombre.
Se trata de conseguir 500.000 firmas -necesarias para cualquier iniciativa popular- y se está moviendo a través de reenvíos masivos de e-mails: se pide a cada destinatario que ese correo a las personas de su lista de contactos, y a la vez, que pida a cada uno de ellos que hagan lo mismo. Se exige, entre otras cosas, que los parlamentarios se adscriban al régimen general de la Seguridad Social y dejen de tener privilegios en sus pensiones.

Y todo se realiza en nombre de un cierto movimiento ciudadano del que no se dan más señas, pero que en los e-mails que están corriendo desde hace fechas se indica que todo se está gestionando a través de un determinado bufete de abogados, en la calle Alcalá de Madrid. Pero todo es absolutamente falso: alguien ha tomado la dirección del bufete de la guía y la ha puesto en el e-mail para darle verosimilitud al mismo.

La misma redacción del e-mail deja mucho que desear, porque habla de una reforma constitucional para 'reformar el Congreso de los Diputados'. Quienes se han inventado 'por la cara' esta campaña -que desprestigia, por cierto, a campañas de movimientos serios por la regeneración democrática- dicen querer conseguir los siguientes fines:

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.

2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y estará sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.

6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles.

7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público, si la hubiere, si no, al paro.

8. Reducir al menos un 30% el número de componentes políticos de las instituciones (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc.).

9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales.

10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.

Los promotores reales no aparecen en el e-mail, pero citan a un despacho de abogados de Madrid que no tiene nada que ver con el tema y que, en conversación con Diariocrítico, ha confirmado que va a iniciar acciones legales contra esta actuación concreta.
 
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