Nuevamente los alquileres se vuelven a alejar de la media de inflación con una velocidad y volumen arrolladores sin que genere la menor preocupación de los poderes públicos.
El informe del INDEC estima que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,7% en octubre y que acumula un 6,8% en el año.
Según este mismo informe los alquileres crecieron un 1,6% y llevan acumulados un 17,3% en el año.
Como referencia sostiene que los alimentos y bebidas aumentaron un 0,5% y acumularon un 8% y la indumentaria creció un 0,4 % pero está en el año un 0,7% más barata.
Dentro de estos índices en los que nadie, pero que son congruentes entre sí, los alquileres crecieron en el año un 250% más que la inflación, el doble que los alimentos y bebidas y tres veces más que la indumentaria.
La realidad es que todos los días se renuevan contratos pactados dos años antes y los propietarios de bienes de renta pretenden aumentos del 100 % sobre el contrato anterior e incluyen cláusulas indexatorias prohibidas por la Ley de Emergencia Económica 25.561.
Así como las estimaciones privadas establecen la existencia de una inflación, en el año, del 20%, los alquileres, en igual período, han superado el 50% cómodamente siguiendo las proporciones de los índices oficiales pero con una magnitud real.
Este fenómeno ha degradado la vivienda porque los inquilinos que son asalariados o jubilados no pueden acompañar estos aumentos.
Por otra parte los propietarios de bienes de renta, aprovechan las necesidades de los desplazados alquilando inmuebles con equipamiento obsoleto o precario que debe ser adaptado por sus ocupantes para que poder utilizarlos.
Todos estos abusos son posibles porque las autoridades han hecho oídos sordos del reclamo de la UAI, formulado formalmente desde junio de 2005, de que se constituya un espacio de discusión del problema de las locaciones urbanas que denominamos Servicio de Conciliación Locativo.
Este problema no se va a solucionar sólo. El tiempo lo agrava y extiende su ámbito de influencia a lo largo y ancho del País, con la formación de organizaciones locales que se van generalizando y que dan la pauta del volumen económico social y geográfico de deterioro de la vivienda.
Tanto el Presidente como su esposa y futura gobernante conocen este problema porque han sido y son propietarios de bienes de renta.
Resulta inexcusable su silencio frente a un problema de tanta gravedad que viene expulsando sectores de la población de la vivienda formal.
Lo que los inquilinos reclaman es diálogo y consenso y lo que pretenden es la protección del techo de sus familias.
Es necesario que se discuta el costo del alquiler, la calidad de lo alquilado y la estabilidad del inquilino en la locación.
Estos objetivos son derechos humanos sistemáticamente violados en estos momentos y requieren del Gobierno soluciones acordes con la obligación constitucional de defenderlos.
Reclamamos su efectiva defensa.
SIN TECHO NO HAY VIDA
Radames Marini
Presidente
www.inquilinos.org.ar /
info@inquilinos.org.ar
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