El Memorándum y las
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental introducidas
por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, sólo sirven, según esta plataforma, "para proteger los intereses de los
usuarios de regadío de las aguas del trasvase Tajo-Segura en detrimento de
las necesidades ambientales y sociales del propio Tajo, e incluso de las
propias demandas de abastecimiento en el Segura".
Las necesidades y
demandas de la cuenca del Tajo, en su opinión, deben determinarse dentro del proceso
participado de elaboración del Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo. Un plan que, recuerdan, salió a consulta pública en
marzo de 2013, con más de cuatro años de retraso con respecto a lo establecido por
la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
La propuesta del plan de
cuenca ha recibido más de 12.000 alegaciones," muchas de ciudadanos del Tajo que
denunciaban que el Plan no garantizaba la recuperación ambiental del Tajo ni
protegía sus intereses", explican. Sin embargo, creen que la introducción del Memorándum de
entendimiento por la vía de la Ley de Evaluación de impacto Ambiental "invalida
automáticamente el proceso de planificación" ya que garantiza la continuidad
del Trasvase Tajo-Segura al margen de las determinaciones técnicas y de las
necesidades de la cuenca del Tajo.
"Se consigue, por fin, lo deseado desde
1971 por los defensores del trasvase: gestionar a su antojo tanto la cabecera
del Tajo como su tramo medio", lamentan.
Un Memorándum "abierto al lobby trasvasista"
El contenido del Memorándum, según la plataforma, anula la participación pública, el proceso planificador de la cuenca del
Tajo, y "vuelve completamente opaco y sólo abierto al lobby trasvasista y al
propio Ministerio todo lo relativo a las decisiones tanto del trasvase como la
gestión de la cabecera del Tajo y su tramo medio hasta Talavera de la Reina".
Advierte que, si se aprueban estas enmiendas en el marco de la tramitación de la Ley de
Impacto Ambiental el río Tajo, desde la cabecera hasta Talavera de la Reina "van
a sufrir un estrés insoportable, mayor incluso que el actual".
Explican que la gestión actual
del Tajo ha incidido "en su profunda degradación" de manera que la propia
Confederación Hidrográfica del Tajo ha reconocido que no será posible la
recuperación ambiental del río hasta 2027 en el mejor de los casos. A partir de la entrada en vigor de lo
planteado por el Memorándum, el tramo medio del río Tajo (a su paso por
Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina) llevará menos agua, los volúmenes
trasvasados serán mayores, y se incrementara profundamente el deterioro del río.
El Gobierno regional, "cómplice"
Acusan al Gobierno de Castilla-La Mancha de ser "cómplice de esta nueva vuelta de tuerca al Tajo-Segura", donde lo que a
partir de ahora circule por el propio Tajo serán los excedentes del trasvase,
el mínimo posible, de tal manera que los trasvases se incrementarán de forma
notoria.
"¿Por qué a última hora ha dado su apoyo el gobierno de Castilla-La
Mancha a una modificación legislativa que, en contra de lo extrañamente
sostenido por la consejera de Fomento, rebaja cuando no anula la seguridad
jurídica de los ciudadanos y usuarios del Tajo?", se preguntan.
Talavera de la Reina, añaden, volverá ser la gran perjudicada, pues el memorándum impedirá que lleguen caudales de cabecera, a
la vez que perpetúa la irracional gestión del Alberche, condenado a morir en
las alcantarillas de Madrid, a la vez que hace muy difícil dotar a los
regadíos del Canal Bajo del Alberche, porque no habrá agua ni en el Tajo ni
en el Alberche.
Entre los aspectos que consideran más "aberrantes" y derivados del Memorándum está, desde su punto de vista, que el propio texto se incorpora mediante
enmiendas del Partido Popular al articulado del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.
" Este procedimiento es completamente irregular, pasa por alto el proceso
planificador de plan de cuenca del Tajo, y se "empotra" de una manera cuanto
menos extraña e irregular en el ordenamiento jurídico, al margen de cualquier
discusión pública, análisis o información a los ciudadanos; todo lo contrario de
lo que sostienen tanto la Directiva Marco del Agua, como la propia legislación de
aguas y de acceso a la información por parte de los ciudadanos en España", explican.
Por otro lado, recuerdan que a partir de ahora será el
gobierno de España mediante real decreto el que establecerá las nuevas
magnitudes que determinan la nueva regla de explotación del trasvase
Tajo-Segura. Estas magnitudes se establecerán sin considerar las necesidades del
propio río Tajo, y se determinaran de manera flexible para determinar en cada
momento excedentes a la carta, que permitan burlar los periodos secos en la
propia cuenca del Tajo, maximizando los trasvases.
Además, se desliga definitiva y
completamente la gestión de la cabecera del Tajo y del trasvase Tajo-Segura,
del propio Tajo, de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y de
las propias demandas de la cuenca del Tajo.
"Definitivamente la cabecera del
Tajo, se convierte en la cabecera del Segura, en cuanto a uso y también
gestión. Se privatiza la cabecera del Tajo, y su impacto se traslada hasta al
menos Talavera de la Reina. Un río privatizado para el uso exclusivo de los
intereses empresariales de unos determinados regantes de otra cuenca, y cuyo
impacto se traslada a los ciudadanos del Tajo"
En este sentido acusan al gobierno de actuar "como un auténtico proxeneta, retorciendo leyes y sentido común para que el Tajo
continúe siendo una hidrocolonia y para ello crea un Guantánamo legal en la
legislación ambiental y de aguas española".
Creen, también que "se abre completamente el
mercado del agua, con lo que, como ocurrió a finales de la pasada década, se
podrán vender dotaciones de riego de la cuenca del Tajo al Segura, eliminándose
los retornos fundamentales para mantener caudales en el propio Tajo, además de incrementar
los volúmenes realmente trasvasados y poder "jugar" con las reservas de la
cabecera del Tajo, como ya ha ocurrido, burlando la propia legislación del Tajo
y el trasvase".
Otro de los aspectos es la derogación de la denominada
"cláusula Narbona". Esto implica dejar sin uso de las desaladoras construidas. "¿Qué
va a decir al respecto la Unión Europea después de gastarse en ellas miles de
millones de euros?, preguntan.
Entre otras objeciones está la flexibilización de los umbrales que definen los volúmenes a trasvasar, la falta de garantía de que los
volúmenes a trasvasar -si no han sido usados en el Segura- , permanezcan en los
embalses de cabecera o la eliminación de las decisiones
de Consejo de ministros en el caso de situación hidrológica excepcional (cuando
los embalses de cabecera estén en mínimos), siendo a partir de ahora el
ministro del ramo el que determine los trasvases.
A partir de ahora, por otro lado, se
considerarán excedentes trasvasables todo lo que supere la cifra de existencias
de 400 hm³ en Entrepeñas y Buendía. Hasta ahora los excedentes los determinaba
el plan de cuenca del Tajo. A partir de ahora es el trasvase Tajo-Segura el que
determina los "excedentes" que pueden salir de Entrepeñas y Buendía hacia el
Tajo.
"No se garantiza en ningún
momento que la cabecera del Tajo garantice o pueda garantizar las demandas de
caudales ecológicos o legales ni en Aranjuez, ni en Toledo, ni mucho menos en
Talavera de la Reina".
"¿Qué ocurrirá si
es necesario más agua del Tajo para el propio Tajo? ¿Cómo es posible que se
admita que tengan más "derechos" los teóricos excedentes que las propias
demandas del Tajo, de la cuenca -más que cedente- esclava?", concluyen.