Los Premios Jaime I proponen un modelo de financiación con un único fondo de asignación de recursos y basado en la igualdad
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Abogan por reducir diputados y senadores,
consejerías, revisar gastos y suprimir subvenciones autonómicas a empresarios y
sindicatos
miércoles 13 de noviembre de 2013, 12:40h
Los Premios Jaime I de Economía José Barea,
Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde han
elaborado una propuesta de modelo de financiación, con "un único fondo de
asignación de recursos, basado en el criterio de la igualdad en términos de
habitantes ajustados, que depende de tres factores --como criterios básicos--,
el envejecimiento de la población, la población en situación escolar y la
dispersión de la población".
Además, plantean que "no es
necesario ni conveniente mantener sistemas de promoción de la igualdad de renta
porque eso se puede buscar a través de las inversiones públicas y de otros
mecanismos del sistema fiscal" y, hasta ahora, "no han servido para
nada porque los incentivos se convierten en rentas aseguradas, que tienden a
hacer permanecer la situación en un statu quo perverso".
Así lo ha señalado Tamames en la
presentación del informe --en concreto de la octava versión en seis meses, de
400 páginas-- que encargó en marzo el jefe del Consell, Alberto Fabra, a los
Premios Jaime I de Economía que integran la Comisión de Economía del Alto
Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat.
Como relator del documento, ha
defendido que "tiene que haber un principio de igualdad" para
"disfrutar de servicios similares en prestaciones y coste" en toda
España, lo que requiere "un sistema que promueva la eficacia y la
eficiencia, dentro de un mecanismo de solidaridad interterritorial que debe
extenderse a País Vasco y Navarra".
JUSTICIA EN RÉGIMEN FORAL PARA EVITAR "PARAÍSOS
FISCALES"
A juicio del 'comité de sabios',
"el régimen foral debe ser no reformado, sino aplicado con toda
justicia", al considerar que "tanto el cupo en el País Vasco como la
cuota en Navarra están calculados con excesiva generosidad, creando verdaderos
paraísos fiscales".
Lamo de Espinosa ha apuntado
asimismo que "es necesario establecer un sistema ecualizador, al modo del
alemán, canadiense o belga", así como "instrumentos para acertar en
un sistema igualador e igualitario para todos los españoles", ya que
"todo lo anterior nace de haber consolidado el statu quo inicial,
absolutamente discriminatorio".
"FONDO TRANSITORIO DE NIVELACIÓN DE 3.000 MILLONES"
Así, aboga por "partir de un
planteamiento ex novo del tema, basado un presupuesto cero para construir el
nuevo sistema" que, a su juicio, "debería ser ya operativo en
2014" o "de no serlo, arbitrar un fondo de nivelación transitorio, de
no menos de 3.000 millones de euros, repartidos con arreglo al tanto por ciento
de cada comunidad autónoma deficitaria según la liquidación de 2011, que le
atribuiría a la Comunitat Valenciana un 40,5 por ciento". Además, instan a
"eliminar todos los yacimientos de gasto improductivo que existan en los
presupuestos de todo el sector público, incluido el empresarial".
Respecto a la situación de la
Comunitat, ha incidido en que sus ingresos "quedaron siempre por debajo de
la media de todas las comunidades". "No hemos encontrado gastos
excesivos, aunque los ajustes en fundaciones y empresas deberán ser
mayores", ha subrayado.
A modo de símil, ha defendido que
"la Comunitat circula desde hace 13 años a una velocidad de 200 euros por
habitante ajustado y año menos que la media de los otros vehículos y a 800
euros menos que el más veloz", hasta situarse a una distancia de "no
menos de 13.000 millones de euros del conjunto", cifra en la que sitúan la
deuda histórica que denominan "deuda crónica estructural" y que a su
juicio "puede manejarse a la hora de la mutualización de la deuda".
"NOS HEMOS QUEDADO MUY ATRÁS"
"Nos hemos quedado muy atrás
porque nos han dado un coche poco veloz, peor alimentado y con un motor de
inferior potencia a los demás, ese es nuestro problema, pero ahora nos toca
cambiar de automóvil, subirnos al nuevo modelo de 2014 y cuanto antes",
zanja.
En ese documento, los Jaime I
proponen otras "medidas concretas" como la reducción del número de
diputados y senadores tanto a nivel estatal como autonómico, "recortar el
número de consejerías" y revisar también la "política de
racionalización de locales públicos, gastos burocráticos, automóviles
oficiales, etcétera".
A su juicio, conviene
"suprimir organismos autonómicos que tienen órganos de carácter
estatal", como Tribunales de Defensa de la Competencia o Agencia de
Protección de Datos, y "la fronda burocrática debe dar paso a una
flexibilidad de la administración que garantice el funcionamiento del Estado de
las autonomías, en vez de conducir a situación cada vez mas difícil de
resolver".
Además, defienden la desaparición
gradual de las "subvenciones de comunidades autónomas a empresarios y
sindicatos", la supresión de "empresas públicas, fundaciones y
entidades que se crean para disimular el déficit" y corrección de
"triplicaciones de actividad".
TELEVISIONES PÚBLICAS "AUTOFINANCIABLES O SOLUCIÓN
DEFINITIVA"
Tamames ha afirmado, en este
punto, que no les compete "opinar sobre un conflicto que existe
actualmente en la Comunitat", en alusión al cierre de Radio Televisión
Valenciana (RTVV), para agregar después que en su informe recomiendan que
"las televisiones públicas o se racionalizan y se hacen autofinanciables o
hay que plantear una situación de solución definitiva de la cuestión".
Igualmente, el 'comité de sabios'
mantiene que ha habido "poca disminución real del gasto público" a
nivel estatal e instan a "hacerse a la idea de que el Estado tiene que
tener una dimensión adecuada a las necesidades del país y sobre todo pensando
en su desarrollo mucho más dinámico y menos burocrático".
Entre otras cuestiones, abogan
por "reconfigurar" un Sistema Nacional de Salud que consideran
"excesivamente compartimentado" y crear una "agencia nacional en
la que participen las 17 comunidades pero dar posibilidad de economías de
escala, de transferencias de tecnología y de mejor asistencia".
"INTRODUCIR EL COPAGO EN MUCHAS ACTIVIDADES PÚBLICAS"
Tamames ha subrayado que "el
copago no debe ser considerado un castigo a los ciudadanos, sino una medida
disuasoria a efectos de racionalizar prestaciones de todo tipo y, por ello,
debe ser introducido en muchas actividades públicas con mayor o menor
intensidad y siempre en función de los posibles efectos benéficos, los niveles
de renta de los ciudadanos y demás".
Además, reclaman una
"estrategia nacional", paralela a la diseñada "de cara a la
Unión Europea" y que impulse la recuperación económica.