De Utopía a Macondo

Acaba de publicarse un informe de un organismo internacional (Transparencia Internacional) que pone de manifiesto que España es el país, después de Siria (que manda huevos la comparación), en el que más ha subido la percepción pública de la corrupción política en los últimos años. Elemental, querido Watson, que diría Sherlock Holmes. Aquí, en sólo tres años, se han puesto sobre el tapete cientos de casos de corrupción del partido del Gobierno (Gürtel, Bárcenas, Mallorca, Castellón), del principal partido de la oposición (EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, Caso Campeón), de miembros de la Casa Real (Urdangarín), de más de un centenar de Ayuntamientos gobernados por unos y otros (Malaya, Astapa), de autonomías y diputaciones, de administraciones y empresas públicas, del principal partido nacionalista que gobierna en Cataluña (CiU), y de las dos grandes fuerzas sindicales (UGT y CC.OO.). Es que no hay organismo u organización que se libre. Raro es el día en el que los telediarios, las radios o los periódicos no dedican casi la mitad de su tiempo o su espacio a autos judiciales, comparecencias, declaraciones ante el Juzgado, fraudes, robos, maletines, dinero negro, registros o detenciones de políticos o sindicalistas. Con este aluvión de noticias con las que nos bombardean lo raro sería que los españoles, y por ende los andaluces que posiblemente ocupen el primer lugar en España en todo este lío de corruptelas políticas y enjuagues públicos, no se sintieran agobiados por una situación de corruptsunami que nos sitúa más cerca del tercer mundo y de una república bananera, que de un país que, al menos en teoría, se encuentra entre los veinte más desarrollados del mundo. 

Hombre, es cierto que todas estas apreciaciones de organismos internacionales son relativas y suelen estar bastante manipuladas porque esa supuesta "percepción pública" sobre la corrupción política a lo peor no se da en países en los que las libertades, de información y de opinión entre otras, sean similares a las que gozamos en España. Pongamos por ejemplo que en un país, digamos el Congo, sus dirigentes se lo están llevando calentito, pero como ni las teles ni las radios ni los periódicos controlados por el poder, lo cuentan, la gente sigue a lo suyo tratando de sobrevivir día a día con lo poco que tienen y obviando que sus políticos roben a manos llenas. Con todo, más nos vale no perder de vista este tipo de informes porque, con sus deficiencias y sus peros, nos situan en una situación bastante incómoda dentro de nuestros socios europeos donde la gente es capaz de dimitir de ministro simplemente porque lo cogieron copiando en un examen en su época de universitario. Vamos, como aquí, que parecen que los han pegado al puesto con loctite.

Lo último en esta cascada de escándalos, ya lo saben, lo está protagonizando la UGT de Andalucía donde no hay día en que no se descubra alguna nueva factura falsa, una comilona pagada con dinero de los parados o la compra de maletines de lujo falsificados y pagados con dineros que la Junta les concedió alegremente. Tras la dimisión-cese del secretario general de la UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, el PP andaluz ha pedido la comparecencia en el Parlamento autonómico del máximo dirigentes del sindicato, Cándido Méndez, para que explique si es cierto, como afirma Fernández Sevilla, que conocía todos los enjuagues que su organización estaba cometiendo. Sería lo norma en este asunto, pero lo más probable es que tanto el PSOE como IULVA-CA, como es lógico en estos casos, veten dicha comparecencia no sea que les salpique. Y Cándido seguirá tan candido como siempre, enterándose por la prensa de lo que hacían sus compañeros andaluces. Ja, que me parto.

Lo que no acabo de entender es por qué el PP no ha pedido que comparezca en la Cámara a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por las corrupciones de la UGT-A. Porque con estos está pasando algo similar que con los EREs fraudulentos. La falta de control de la Administración andaluza sobre el dinero que da a sus "amiguetes" clama al cielo. La Junta, a través de los Acuerdos de Concertación Social firmados y avalados por los ex presidentes Chaves y Griñán, ha estado dando cientos de millones de euros todos los años a UGT, CC.OO. y la CEA, dinero que nadie fiscalizaba y que los receptores, gastaban en lo que le veía en gana sin control alguno. Como los EREs pero con Pastrana, Fernández Sevilla, Carbonero o Santiago Herrero en lugar de Lanzas o Guerrero, salvando las diferencias. Si alguien tiene que dar cuenta del dinero que los andaluces le hemos regalado a patronal y sindicatos es la propia Administración andaluza que, a estas alturas, lo primero que debe de hacer es personarse en la causa y tratar de recuperar todos los euros que el "sindicato amigo" ha defraudado. Pero claro, al final tendrá que ser la de siempre, ya saben la juez Mercedes Alaya, quien se vea obliagada a aclarar las cuentas. Y, como en el escándalo de los EREs fraudulentios, las responsabilidades políticas se irán de rositas.

Ya lo están viendo, aquí hemos pasado en escasos años de la Utopía de Tomás Moro de las transición democrática al Macondo de García Márquez del postfelipismo. La pregunta es ¿alguien cree que alguno de los centenares de implicados en casos de corrupción política devolverá un sólo euro de lo robado? Estoy con ustedes. Ni uno solo.