La hora de un proceso constituyente
jueves 05 de diciembre de 2013, 16:56h
La
Constitución de 1978 está agotada. La ha agotado la derecha social y política
que nunca aplicó los derechos sociales y económicos que en ella se establecían.
La ha agotado también el PSOE que no los consolidó y desarrolló. El mayor golpe
de gracia se lo dieron conjuntamente con su reforma del art. 135, que antepone
el pago de la deuda y sus intereses a los servicios públicos y el empleo.
Durante
estos 35 años algunos han utilizado la Carta Magna como arma arrojadiza, otros
como parapeto y, para otros muchos, sólo ha sido un papel más en el que
escudarse para realizar ciertas políticas, pero nunca se han preocupado de
garantizar los derechos básicos y fundamentales que recoge.
A
pesar de que su origen pueda ser puesto en cuestión en algunos aspectos, lo que
sí está claro para todo el mundo es que la mayor parte de los derechos y normas
que figuran en ella no se han cumplido y no se ha hecho prácticamente nada para
que se cumplan. Al contrario, se han puesto en marcha políticas radicalmente
contrarias a asegurar el ejercicio efectivo de esos derechos.
No
se han preocupado por el derecho al trabajo (Art. 35) y a unas "prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo" (Art. 41), cuando hoy hay seis millones de parados; ni por el
derecho a una vivienda digna (Art. 47), al reparto de la riqueza y la justicia
fiscal (Art. 31) o el deber de poner la riqueza del país al servicio del
interés general (Art. 128). Por no hablar de aquellos derechos que se ponen en
almoneda cuando se recortan y privatizan los servicios públicos que los
soportan, como es el derecho a la educación pública (Art. 27) o el derecho a
una sanidad pública y de calidad (Art. 43).
El
último golpe es el que han dado a las pensiones, pasando por alto el derecho a
unas pensiones "adecuadas y periódicamente actualizadas", que aseguren "la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (Art. 50).
Como
vemos, no sólo no se han garantizado los derechos recogidos en la Constitución,
sino que habitualmente se retuercen para hacerlos coincidir con lo que ellos
defienden.
Realmente,
son los neoliberales de todo pelaje los que iniciaron hace tiempo un 'proceso
contra constituyente' con una agenda, en parte oculta y en parte explícita, que
lleva a que el texto constitucional sea antes que una garantía de derechos y
libertades, una jaula que encierre el progreso, la democracia y las conquistas
sociales de quienes viven de su trabajo. La crisis profunda del sistema con
todos sus aspectos económicos, sociales y democráticos ha puesto a la luz del
día esa estrategia.
Las
fuerzas que como Izquierda Unida nos sentimos comprometidas con los intereses y
aspiraciones de la mayoría social no vamos a rehuir esa batalla de gran
trascendencia política para el futuro.
El
problema de la configuración territorial del Estado es un buen ejemplo. Las
distintas burguesías -la españolista y las demás burguesías nacionalistas- han
cosechado un estrepitoso fracaso en su solución. Las burguesías francesa,
italiana o alemana, por citar sólo estos ejemplos, resolvieron la situación
hace mucho tiempo. Ahora corresponde a los trabajadores impulsar un nuevo
modelo solidario de convivencia de todos los pueblos de España, superador de la
recentralización y de la secesión. Un modelo que no sea deudor ni seguidista
del interés de ninguna burguesía.
Pero
este aspecto con toda su actualidad no debe ocultar otros aspectos
fundamentales. Necesitamos una Constitución para la democracia económica y
social, que garantice el uso social de la propiedad. Una Constitución para la
participación democrática en la política que supere las claras insuficiencias e
injusticias de nuestro modelo electoral, la deslegitimación de nuestras
instituciones políticas y que garantice formas eficaces de participación
ciudadana.
Una
Constitución que asegure a las personas sus derechos sociales y, muy en primer
lugar, la igualdad de hombres y mujeres, y tome como objetivos centrales la
felicidad de los seres humanos y la protección del medio ambiente, mediante un
desarrollo sostenible. Una Constitución laica que sitúe respetuosamente en el
ámbito privado cualquier creencia religiosa. Una Constitución republicana que no
sólo garantice que todas las magistraturas del Estado, incluida su Jefatura, se
elijan de forma democrática, sino que aplique en todos los aspectos de la vida
social el concepto profundo de 'res publica'.
Estamos
en condiciones de poner en pie ese proceso constituyente desde los intereses de
la mayoría. Este no es un debate académico, sino un impulso político y
movilizador para cambiar la correlación de fuerzas. Un proceso que quedaría en
poca cosa sin un proyecto constituyente, cuyos elementos esenciales quedan aquí
expuestos y que se puede resumir en una República Federal y Solidaria para una
democracia económica y social, en la que la ciudadanía tenga la palabra y la
acción.
[*] Cayo
Lara es coordinador federal de Izquierda Unida