Cospedal desiste en su demanda contra Greenpeace

La demanda fue presentada el 18 de febrero de 2013, por la vulneración del derecho al honor de la presidenta, a raíz de la publicación del informe Amnistía a la Destrucción, una investigación, explica la organización, " sobre los intereses privados que podrían estar detrás de la reforma de la Ley de Costas aprobada la pasada primavera". El servicio jurídico de la Junta reclamaba a Greenpeace 30.000 euros de indemnización.

"Celebramos la retirada de una demanda que nunca debió ser interpuesta. Ejercimos nuestra labor de defensa del medio ambiente exponiendo determinados intereses que nada tenían que ver con el interés general", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.

Durante todo este tiempo Greenpeace ha considerado que esta demanda sobre la vulneración al derecho al honor chocaba" frontalmente" con la jurisprudencia ya que, señalan en un comunicado, "los tribunales españoles han señalado en diversas ocasiones que el derecho de información supone el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político".

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideró que se lesionaba el honor de la presidenta por la publicación en los medios de comunicación de informaciones referidas al informe de Greenpeace, del que, según la organización, "se deducen conexiones entre Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas constructoras". 

La organización ecologista, que presentó el informe en diciembre de 2012, "no señala a Cospedal como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas", aclara Greenpeace, "simplemente la menciona por estar casada con López de Hierro y ser una persona influyente en el PP, al ser su Secretaria General".

López del Hierro fue consejero en una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Como señaló Greenpeace en su contestación a la demanda, "sorprende que Mª Dolores de Cospedal utilice los servicios jurídicos de la Administración autonómica para este procedimiento judicial, destinado a proteger su honor".