Más allá de los acalorados debates que se dieron en la XVII Cumbre Iberoamericana, con momentos de alta tensión y de gran impacto mediático mundial, uno de los acuerdos prácticos del evento que reunió a 22 jefes de Estado o de Gobierno y que cabe ser rescatado es el referido al desarrollo de Sistemas de Protección Social Integrados, destinados a beneficiar a cualquier ciudadano latinoamericano sin considerar el país en que se encuentre y menos su calidad de extranjero.
Se trata del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social que contempla el reconocimiento de los fondos de pensiones, cotizaciones y derechos previsionales acumulados y adquiridos por las personas en uno o más países por situaciones de migración económica, exilio provocado por la violencia política, terrorismo de Estado u otras circunstancias. La medida permitirá el goce de una jubilación decente al cabo de 30, 40, medio siglo de vida o más dedicada al trabajo.
Una lectura más de fondo sobre este ambicioso proyecto revela que los respectivos gobiernos deberán poner freno a la explotación de millares y millares de migrantes abusados por empresarios inescrupulosos durante siglos.
“Estos sistemas (de protección social) deben contar con financiamiento público y beneficiar a los pueblos de la región sin barreras, ni exclusiones”, enfatizó el documento sobre un proyecto inédito en Iberoamérica que, de acuerdo con los antecedentes censales, abarcará a unos seis millones de ciudadanos.
El acuerdo fue fruto de muchas jornadas de trabajo que precedieron a la Cumbre y para su materialización los respectivos países deberán ahora entrar a un proceso de homologación o armonización de normas y leyes, un paso concreto en la lenta y difícil integración.
En ese mismo espíritu, principio y objetivo descansó la decisión de fortalecer el compromiso de “atención integral y multidimensional de las migraciones”, por ser ello “un elemento indispensable para asegurar la cohesión social”. Se consideró en este contexto la necesidad de un “enfoque multidisciplinario de acuerdo al principio de responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino, en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo”.
Este tema lo consolidan además con el “compromiso a garantizar plenamente los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independiente de su condición migratoria”.
Son millares de personas, en su mayoría trabajadores activos, los que resultarán beneficiados con las políticas sociales regionales para todos los ciudadanos extranjeros que habiten en cada uno de nuestros países de Iberoamérica.
Los ojos en la Cumbre estuvieron puestos también en sus condiciones de trabajo, ya que la Declaración de Santiago y su Programa de Acción pusieron énfasis en que el logro de la “Cohesión Social y políticas para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”, como se le denominó a la Cumbre, pasa por elevar la creación de trabajo decente y de calidad.
En ese marco se abogó por “hacer del empleo decente y de calidad, de la mayor movilidad social y de la redistribución, objetivos comunes al conjunto de las políticas públicas, en todos los casos en que ello sea posible”.
Conjuntamente con estas decisiones , que más allá de declaraciones de buenas intenciones deberán responder a un Programa de Acción concreto, resalta la amplia dedicación que se dio al tema de la educación, a su acceso en igualdad de condiciones y a su calidad, por ser este el elemento fundamental para alcanzar nuevas etapas de desarrollo económico y social.
Son temas transversales a la realidad de cada uno de los pueblos iberoamericanos como lo son aspectos de carácter valórico que estuvieron presentes y fueron ratificados por cada uno de los dignatarios: fortalecer la promoción y respeto de todos los derechos humanos, aplicar políticas que fomenten y promuevan la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales y a los medios de expresión. Asimismo, la recuperación del espacio público para la vida cultural social y erradicar todo tipo de discriminación.
Evidentemente que estos aspectos, así como los acuerdos de carácter social, tienen que ver directamente con la calidad y condiciones de vida de los pueblos, con su autodeterminación y soberanía. Todo ello tiene un interés superior y en el caso de América Latina se plasma en una nueva realidad geopolítica, donde no pocos países están impulsando iniciativas de fuerte carácter integrador. Ello abre un nuevo abanico de posibilidades a acuerdos como los adoptados en la XVII Cumbre Iberoamericana, que en no pocas oportunidades han quedado en el papel.
Priman renovados impulsos que pueden conducir a la materialización en mediano plazo de objetivos básicos para dar paso a otros más ambiciosos, en los cuales el sector privado tiene un desafío no menor, como el de sumarse y no restarse a proyectos que están determinando futuro. Y aquí se conjugan dos conceptos -no exentos de debates: transformación social, en el cual puso el acento el presidente venezolano Hugo Chávez y Cohesión Social, que por cierto no son excluyentes.
Llámese transformación, llámese cohesión, lo importante es avanzar, enfatizó el canciller chileno Alejandro Foxley.
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Manuel Villar Burchard
Periodista
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