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La Agencia Tributaria cita a Pujol justo después de su 'cooperativa' reaparición pública

La Agencia Tributaria cita a Pujol justo después de su 'cooperativa' reaparición pública

> Mientras un juez reclama a Pujol el testamento de su padre y datos

viernes 08 de agosto de 2014, 13:37h
El expresidente catalán Jordi Pujol, que descansa en su residencia veraniega del municipio gerundense de Queralbs, ha recibido este mediodía una citación de la Agencia Tributaria que le han entregado en mano dos funcionarias, según ha confirmado él mismo un día después de su reaparición pública en la que insistía en estar a disposición de la Justicia y/o de Hacienda. Pujol, después de confesar que su familia tenía cuentas en el extranjero sin regularizar, ha recibido ahora este requerimiento de Hacienda sin que haya querido precisar ni el día ni el lugar en el que ha sido citado. 
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha reclamado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que le entregue el testamento de su padre, Florenci Pujol, después de que el expolítico confesara que tenía dinero en el extranjero sin regularizar desde 1980.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dentro de las diligencias que instruye el juzgado de instrucción se ha pedido a Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, que aporten la aceptación de la herencia que recibieron del padre.

Asimismo, acuerda practicar las diligencias que solicitó la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por lo que se han entregado las comisiones rogatorias correspondientes a Andorra y Suiza para que las entidades financieras de dichos países informen de la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de la familia Pujol o de quienes figuren como apoderados o autorizados.
La Fiscalía también pidió también que la Agencia Tributaria le remita las declaraciones complementarias y especiales que por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio hayan presentado Jordi Pujol, su esposa --Marta Ferrusola-- y sus siete hijos.
El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona abrió diligencias previas la semana pasada a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias contra el expresidente de la Generalitat tras confesar que durante 34 años tuvo un dinero sin regularizar de la herencia de su padre en el extranjero.

¿Una difícil investigación o un secreto a voces?

Sobre este tema se ha referido también el presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, quien ha admitido que los casos de corrupción como el de Jordi Pujol son difíciles de detectar, "porque los pagos se hacen en efectivo y el fruto de estos delitos se oculta en paraísos fiscales".   

Pérez Boga destaca que se trata de un fraude muy complejo porque los que pagan las comisiones ilegales se benefician también del fraude al obtener contratos públicos con precios inflados, que les permiten pagar las "mordidas" y, a pesar de ello, obtener pingües beneficios.

Asimismo, indica que la clase política, en general, es poco dada a airear estos "trapos sucios". En este sentido, subraya que en el año 2005 el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall denunció en el Parlament de Cataluña lo que estaba sucediendo (que CiU cobraba comisiones del 3% en las adjudicaciones de obra pública) y se retractó de inmediato. 

A pesar de ello, incide en que no todo es negativo, ya que el caso, aunque oculto durante décadas, "se terminó destapando finalmente por las investigaciones en curso y no por un arrepentimiento espontáneo del corrupto". Pérez Boga señala que tras la corrupción detectada en la Costa del Sol, los inspectores de Hacienda propusieron que la Agencia Tributaria "asumiera competencias anticorrupción, que se inspeccionara anualmente a quienes decidían el destino del dinero público y que se potenciara la denuncia de este tipo de irregularidades". 

Una petición que, según recuerda el presidente de la IHE, no fue tenida en cuenta. A su juicio, los esfuerzos realizados por Hacienda, la Policía Nacional, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Fiscalía Anticorrupción son importantes, pero advierte de que "la realidad es que no han servido para evitar esta corruptela que se ha extendido durante tantos años".

Por ello, Pérez Boga recalca que esto evidencia la necesidad de crear un órgano único anticorrupción, al estilo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dotado de los recursos necesarios, "que le permitan hacer controles periódicos y aleatorios, investigar las denuncias, instruir los procedimientos y auxiliar a los jueces en esta vital tarea de controlar a los que gastan el dinero de todos". 


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