La Abogacía carga contra los políticos por maquillar las 'devoluciones en caliente' ilegales

"Tras análisis jurídicos contundentes procedentes del mundo académico, y tras una imputación judicial incontestable por prevaricación contra el Jefe de la Guardia Civil en Melilla, los responsables políticos con sus declaraciones han seguido avalando una actuación ilegal, consistente en lo que primero se llamó 'devoluciones en caliente', y ahora 'rechazo en frontera'", explica la Abogacía.

El CGAE considera que esta es "otra vuelta retórica en la que sólo se busca eludir la claridad de los términos en los que se expresa la Ley e impedir así el reconocimiento y el ejercicio de derechos" de esas personas que en ningún caso pueden ser entregados de vuelta a las autoridades marroquíes sin que medie un expediente administrativo para el que cuenten con asistencia letrada.

Además, dice que expresiones como "intento de entrada" o "zona intermedia entre Melilla y Marruecos", "ignoran el hecho objetivo y documentado, a la vista de todos" de que los migrantes estaban encaramados a la tercera valla interior, algo que "se puede observar con toda claridad" y "sin que quepa de ninguna manera discutir este extremo", pues así lo mostraron las imágenes difundidas del suceso.

"Se trata de territorio español y de una entrada irregular consumada, no un intento, que tiene como consecuencia jurídica necesaria y única posible, la apertura de un expediente individualizado a cada una de esas personas con la asistencia de un abogado de oficio", asegura el Consejo General de la Abogacía Española.


La institución plantea en este sentido la ironía de que la propia Guardia Civil, que les devuelve a Marruecos dando por sentado que subirse a la valla no es entrar en España, haya anunciado acciones legales por resistencia y atentado a la autoridad contra tres de los migrantes que el miércoles protagonizaron el salto, ya que, "con el mismo discurso, es imposible que hayan cometido tal delito si se encontraban todavía fuera de territorio nacional".


"El territorio no es un concepto elástico que puede servir para acusar penalmente al inmigrante pero no para reconocerle derechos. Los derechos y las leyes no son 'a efectos de la Ley de extranjería' distintos que 'a efectos del Código Penal'", reclama la Abogacía, cuya Subcomisión de Extranjería viene denunciando estas prácticas desde hace casi una década.


En su opinión, "la sociedad española en su conjunto, con los medios de comunicación al frente, no puede ni debe caer en trampas del lenguaje que sólo ocultan la pretensión de hacer una aplicación de las leyes más cómoda (más operativa, se dice) a quienes deben aplicarla con todo rigor y con todo respeto a los derechos que esas mismas leyes consagran".


"Eso y no otra cosa es el Estado de Derecho, contra cuya tergiversación no podemos ceder bajo ninguna excusa. Ni permitirse con una actitud comprensiva que las autoridades del Estado se escuden detrás del reposo propio de las garantías del proceso penal que se sigue por prevaricación para seguir cometiéndola impunemente", dicen los abogados.