Por qué no hay más corruptos en la cárcel

Lo acaba de reconocer Carlos Lesmes, el presidente de los jueces españoles: "La ley -ha dicho- está pensada para el robagallinas, pero no para el gran defraudador ni los casos de tanta corrupción".

Verde y con asas. Yo me he recorrido el patio de recreo de dos cárceles españolas y es como pasear por Lavapiés o el Raval de Barcelona; ni Pintor Rosales, ni la Bonanova; y ustedes ya me entienden.

O sea, que muchas veces las inmoralidades, trapacerías y otras sinvergonzonerías cometidas por delincuentes de cuello alto resulta difícil tipificarlas como delitos. Eso deben hacerlo además unos jueces poco preparados para la ingeniería informática de hoy, con unos Juzgados rebosantes de papeleo y escasos medios materiales y humanos.

Total, que los corruptos se salen de rositas. En último caso, como Carlos Fabra, piden no entrar en la cárcel hasta que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre un hipotético indulto. De conseguir ese tratamiento todos los condenados, veríamos unas cárceles desérticas en espera de la bondad ministerial. Una vergüenza, vamos.

No es eso, sin embargo, lo más trascendente para que los ladrones de carácter millonario anden tan campantes. Lo relevante es que en los años dorados del dinero fácil, poco antes de los 90, prácticamente todos han participado del negocio: no sólo los políticos corruptos, sino los empresarios corruptores -las cárceles deberían estar llenas de ellos-, los intermediarios sin escrúpulos, los abogados dedicados a legalizar las trapisondas y hasta algunos jueces venales: ¿se acuerdan de los sobornos admitidos por Penalva de Vega y García Lavernia o las extorsiones realizadas por el magistrado Pascual Estevill?

Ésas eran las excepciones visibles de un grandioso y maloliente magma subterráneo. Ahora, la larga duración de las vacas flacas y los estragos causados por ella en una sufrida y paciente clase media parecen haber quebrado la omertà de los poderosos y emergen uno tras otro los casos de corrupciones estratosféricas.

Pese a todo -y a los casos que exponencialmente irán apareciendo-, los autores de estos crímenes económicos sólo tienen, de momento, la sanción de la ignominia ciudadana, que no es poco. Pero acabarán conociendo de primera mano la miseria al tener que restituir lo que creyeron suyo para siempre y acabarán llenando los patios de recreo de las cárceles españolas porque lo suyo ha sido tan ominoso que ninguna ley, ningún legislador y ningún juez se atreverán a ampararles en el futuro.