800.000 parados mayores de 45 años llevan dos años o más buscando empleo
En el año 2013 había cerca de dos millones de parados con edades
comprendidas entre los 45 y los 64 años, 800.000 de los cuales llevaban
dos años o más buscando empleo. Además, más de medio millón de personas
entre estas edades se vieron afectados por la rotación laboral, con
cuatro contratos de trabajo distintos firmados en ese mismo año y
caracterizados por ser puestos de baja cualificación, con baja
formación, en actividades muy afectadas por la crisis.
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y
el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social, Dionis Oña, han presentado en el día de hoy el informe
"La Situación Sociolaboral de las Personas de 46 a 64 años", un
colectivo con un peso importante en nuestra estructura económica y
sociodemográfica que está sufriendo de manera considerable los efectos
de esta crisis.
Este colectivo representaba
en el último trimestre de 2013 más del 26% del total, dos puntos más que
en 2007, y se constituyen como el grupo en el que se encuentran la
mayoría de las personas sobre quienes recae la responsabilidad de sus
hogares familiares. Por ello, la caída en su empleo y la persistencia
del paro tras seis años de crisis tienen costes muy graves tanto para
ellos como para nuestra economía, y su salida anticipada del mercado
laboral conlleva, además, un descenso importante de la población activa.
Costes individuales
como el aumento del riesgo de pobreza respecto a otros grupos de edad,
ya que disminuyen sus ingresos y ponen en riesgo su futura pensión; y
costes sociales y económicos, ya que al ser parados de larga duración
aumentan los gastos públicos asistenciales y en prestaciones y son una
amenaza, a largo plazo, para la viabilidad de los sistemas de pensiones.
La política de este
Gobierno no cumple con las personas de más edad, que los excluyen de sus
políticas activas, y los cambios en la protección por desempleo tienen
un visible impacto negativo, tanto en su renta actual como en la
expectativa de derechos de pensión de los más mayores.
Por ello, resulta
imprescindible una respuesta coordinada de Gobierno y agentes sociales y
económicos para no denostar a este colectivo, fijando objetivos
inmediatos para incrementar su tasa de empleo. Los costes de no hacerlo
son claros e inasumibles para el futuro de nuestra sociedad porque, ni
siquiera en un contexto de expansión económica, se podrán recuperar los
niveles que se obtuvieron antes de la crisis para estas personas.
En este sentido, cabe
destacar el acuerdo tripartito firmado en julio entre el Gobierno, las
organizaciones sindicales y las empresariales, en el que se fija la
aprobación de una prestación de carácter asistencial para las personas
entre 46 y 64 años, con una dotación suficiente de recursos (que tengan
el consiguiente reflejo en las partidas presupuestarias) con el fin de
que este colectivo no quede excluido definitivamente de nuestra sociedad
y esto afecte, de manera considerable, al futuro social y económico de
nuestro país.
