Luz verde a la ley que permitirá cerrar webs sin orden judicial y que gravará las copias académicas

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tras incorporar las enmiendas del Senado, con los votos del Grupo Popular y con duras críticas por parte de la oposición.

La norma, que ha salido adelante por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

La nueva norma incluye como novedades principales que buscadores como Google o Meneame tendrán que pagar a los editores de contenidos. Además, la nueva ley perseguirá a las webs que contengan no sólo contenidos ilegales, sino también enlaces a esos materiales, independientemente de si lo hagan para lucrarse o no. Para ello podrán cerrar las páginas webs sin  o multarlas con cantidades de hasta 600.000 euros. 

Por otra parte, introduce otro canon destinado a las Universidades, que a partir de ahora tendrán que pagar por utilizar material académico en los campurs virtuales.  

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso y de perder una oportunidad para ello, mientras que el PP ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

Durante la defensa de la reforma, el portavoz popular, Juan de Dios Ruano, ha asegurado que su grupo "puede decir alto y claro: dicho y hecho".Ruano, que ha considerado que estos aspectos no podían esperar a una reforma de mayor calado, ha reconocido que quedan temas pendientes de abordar como la compensación por copia privada, que la ley carga a los Presupuestos Generales del Estado, lo que, ha dicho, se llevará a cabo cuando la UE lo establezca.

El portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, ha señalado que no se ha obtenido el amplio consenso "que la cultura merece" y ha agregado que "lo que se presentó como una reforma parcial y urgente ha resultado tener poco de reforma, nada de urgente, aunque parcial sí ha sido".

"Nos hemos echado, sobre las espaldas de los Presupuestos Generales del Estado, financiar lo que antes financiaba la industria tecnológica", ha indicado Torres Mora, que ha advertido al Grupo Popular y al Gobierno de que "han cometido un error tratando así la cultura, no son sus adversarios". Además, ha pedido que se mejore el contenido de la reforma en los reglamentos que deben desarrollar la ley.

Para Montserrat Surroca, de CiU, hubiera sido deseable un consenso en esta reforma sobre cuyo contenido ha expresado su preocupación y ha criticado la vulneración que, en su opinión, el texto hace de las competencias autonómicas.

Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sostenido que la ley, que ha calificado de "verdadera chapuza", pone el interés de la cultura "a los pies de los caballos" de las grandes industrias tecnológicas y supone la "demostración más clara de desprecio del Gobierno a la cultura de nuestro país", un "desaguisado" de ley que "nace muerta".

También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado duramente la norma, que, ha dicho, es "una de las peores leyes de la legislatura", una norma "intelectualmente impropia" y con fecha de caducidad, que favorece a los grandes grupos de comunicación.

Para el diputado del PNV Joseba Aguirrechea, que ha expresado su decepción por las "promesas" no cumplidas, es una ley que entró coja y sale más coja tras su paso por el Congreso y el Senado.

El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha considerado una "irresponsabilidad supina" y una "oportunidad perdida" que el Grupo Popular haya aprobado esta norma sin consensuarla, una reforma que ha calificado de restrictiva con las libertades y a favor de los intereses de grandes grupos mediáticos.


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