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Los rectores se 'rebelan' contra el plan 3+2 de Wert: acuerdan aplicar una moratoria a los 'mini-grados'

> Estudiar cuatro años costará casi el doble pasando de unos 4.600 euros a cerca de 8.800

lunes 02 de febrero de 2015, 18:28h
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha aprobado un acuerdo, por una amplia mayoría, por el que los centros universitarios no ofertarán grados de 3 años hasta el curso 2017-18, según ha anunciado el presidente de la confederación, Manuel José López, tras la Asamblea Extraordinaria celebrada este lunes.


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López ha explicado que algunos rectores han tenido "algunas dudas" sobre la moratoria (ha habido cinco abstenciones y un voto en contra, frente a los 57 a favor) pero se ha mostrado convencido de que "en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria". Por otra parte, ha expresado la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. "No sería deseable que las CCAA tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema", ha apuntado.

"Es lo mejor que podemos hacer y responsablemente queremos hacerlo", ha añadido el presidente de los rectores. Aún así, ha subrayado la intención de la CRUE de implantar el sistema de grados de tres años en aquellos que, tras estudiarlo, las universidades lo consideren oportuno y ha asegurado que la conferencia "siempre se ha mostrado a favor" de la flexibilización pero con una aplicación "prudente".

"Son dos años de moratoria en los que no vamos a estar esperando sino trabajando --ha explicado López-- Vamos a hacer una evaluación del sistema de grados de cuatro años, que está ahora entrando en los procesos de acreditación de las titulaciones, y se están haciendo estudios de la implantación de Bolonia en los países europeos, por lo que tendremos riqueza de documentos al respecto".

En este sentido, ha explicado que la moratoria contribuirá también a extraer del debate electoral la medida, en un año en el que habrá elecciones tanto autonómicas como generales y en el que "gane quien gane habrá un cambio de Gobierno", según ha indicado. "Queremos que haya tranquilidad y reflexión para actuar con prudencia, sentido común y cohesión en todo el sistema universitario español, permitiendo que todos puedan ejercer su autonomía pero sobre unos criterios establecidos", ha señalado.

Por otra parte, en respuesta a las declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha indicado que "si las familias se ahorran 150 millones de euros, la inversión pública se ahorrará entre 750 y 800 millones de euros". "El ahorro para las familias se ha de multiplicar por seis o por siete en el caso de la inversión en Educación". En cualquier caso, ha incidido en que las modificaciones del sistema universitario "no deberían hacerse por una cuestión económica sino con arreglo a las necesidades de los estudiantes y su empleabilidad".

Por su parte, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, subrayaba al término de la reunión que "los rectores se han plantado contra el decreto". El decreto permite a cada universidad decidir a partir del curso que viene si mantiene el actual modelo único de cuatro años de grado más uno de máster o si prefiere hacerlo mixto y aplicar en las titulaciones que decida el modelo de tres años de grado más uno o dos de máster, más conocido como el modelo '3+2' dado que, en todo caso, cualquier estudiante que quiera acceder al doctorado requeriría antes de una formación de cinco años.

Los estudiantes contra el 3+2

Por su parte, el presidente de la Confederación de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas Españolas (CREUP), Luis Cereijo, también se manifestaba a favor de una moratoria en este sentido. Cereijo ha criticado el rechazo de las autoridades educativas a reunirse con la comunidad universitaria y, en particular, con los estudiantes. También ha rechazado la aprobación de la medida "solamente porque en otros países se hace así".

"No es cuestión de irse a copiar un modelo sin ningún tipo de argumento. No se puede hacer simplemente porque en otros sitios se hace así", ha subrayado. Además, ha negado que el sistema de grados de tres años sea el más común en Europa --como defiende el ministerio-- y han asegurado que en la mayoría de países conviven grados de tres años con grados de cuatro, cinco y seis años. "Cada uno es un mundo", ha asegurado. De hecho, ha insistido en que, a diferencia de España, los demás países europeos están realizando evaluaciones de la implantación del Plan Bolonia y, según ha explicado, algunos están contemplando la posibilidad de adoptar un sistema de 4+1. "Organizaciones de estudiantes de Alemania y Dinamarca nos han pedido informes sobre nuestro sistema", ha indicado Cereijo.

Por ello, considera que el sistema propuesto por Educación no solamente no contribuirá a mejorar la internacionalización de los estudiantes españoles sino que "impedirá que puedan moverse entre universidades españolas". Por otra parte, ha invitado al Gobierno a que "si tanto le gusta el modelo alemán, copie sus tasas académicas". "Un informe de Eurydice dice que España es el país con las tasas universitarias más caras", ha señalado.

Estudiar cuatro años costará casi el doble

En este sentido, ha asegurado que, mientras con el sistema de cuatro años, estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid cuesta en torno 4.600 euros, con el nuevo sistema, estudiar 3 años de grado y uno de master costará cerca de 8.760 euros. "El Gobierno demostró el viernes una gran dosis de populismo al afirmar que las familias ahorrarían dinero. Claro que se reduce el dinero, pero reduciendo la formación", ha añadido.

Además, ha insistido que, en el actual marco de competencia, "no es cierto que con un grado de tres años se pueda ser competitivo" y, de hecho, ha recalcado que ni siquiera "es serio ir a Europa diciendo que se tiene nivel master con cuatro años de estudios". Por ello, cree que, en caso de implantarse el nuevo sistema, el resultado será que "quien pueda pagar, tendrá una formación suficiente" para poder trabajar.



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