El ministro de Justicia reconoce el "colapso" de algunos juzgados de Castilla-La Mancha

Rafael Catalá ha concretado que, a tenor de las estadísticas del Poder Judicial, "tenemos un 35% de los juzgados que están en un 50% por encima del módulo" que considera el Poder Judicial como razonable en carga de trabajo pero "hay un 45% que están por debajo del módulo".

Para ello, el ministro ha concretado las medidas previstas para mejorar esta situación, como redistribuir carga de trabajo, crear juzgados con ámbito provincial, especializar alguno de los juzgados, reforzar con otro magistrado para que se reparta el trabajo o con especialistas que lo ayuden a sacar el trabajo adelante para resolver "lo que en algunos casos son picos de actividad".

El titular de Justicia, por otra parte, también ha confirmado que la Ley de Jurisdicción Voluntaria "se va a aprobar en esta Legislatura" porque la intención es que su tramitación "en el Congreso sea en marzo y en el Senado, en mayo".

Es, ha defendido, "una buena Ley que clarifica la actuación de los profesionales" y que, sobre todo, "permitirá sacar de los juzgados actos que no son de ámbito jurisdiccional", como pueden ser los matrimonios civiles, entre otras muchas gestiones. "Espero que esta Ley esté aprobada para este verano", ha agregado.

Para completar esas actuaciones para aliviar la carga de trabajo, Catalá ha recordado la reciente creación de 282 plazas, que se unirá a la que se prevé para este año, con 100 nuevas plazas de jueces y fiscales.

Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, recibía en el Palacio de Justicia, con sede en Albacete, al ministro en la que supone su primera visita oficial a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Tras un pequeño encuentro en el despacho del responsable del TSJCM, en donde se le ha hecho entrega de una navaja y un libro de la historia del Palacio de Justicia, el ministro ha mantenido diversos encuentros de trabajo con la Sala de Gobierno del TSJCM; representantes del Ministerio Fiscal, y autoridades del sector jurídico tanto del ámbito regional como provincial y local.