El Parlamento culpa de la quiebra de la CAM al Banco de España, al IVF, a la CNMV y a directivos de la entidad

La comisión no permanente especial de investigación sobre el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España se constituyó en diciembre de 2011 y aprobó su plan de trabajo el siguiente enero. En estos más de tres años se han celebrado un total de 37 reuniones, por las que han pasado 79 comparecientes.

El pasado 12 de marzo, esta comisión aprobó la propuesta de dictamen elaborada por el PP, a la que le incorporaron como votos particulares las propuestas de la oposición. Hasta última hora de este miércoles, los grupos han estado negociando para tratar de alcanzar un acuerdo --el pleno se ha suspendido durante una hora para ello-- y, finalmente, ha habido consenso.

En el texto, los grupos señalan que el Banco de España desarrolló una política "negligente a la hora de hacer efectiva la labor de supervisión y control". Respecto al IVF, indican que podría haber obrado "con mayor diligencia ". Así, entienden que este órgano "podía haber pedido, y al parecer no lo hizo, la información para ejercer su labor", independientemente de la "información muy parcial traslada por el Banco de España.

Las Corts también ven responsabilidades en los auditores externos y en la CNMV por "las abundantes irregularidades detectadas en la información ofrecida, en la clasificación de los productos o los clientes y en las propias prácticas de comercialización".

El texto dedica un amplio apartado a los órganos internos de administración y gestión de la CAM, a los que la Cámara autonómica culpa del "desastre" de la caja. Al respecto, critica la "agresiva política de financiación de actividades relacionadas con el sector inmobiliario, incluso en  el extranjero, sin la más mínima prudencia y sin los debidos controles y garantías en muchos casos".

"En el funcionamiento ordinario de la CAM se acumularon errores, vicios e ineficiencias inexplicables que apuntan hacia gravísimas responsabilidades profesionales, cuando no de otra naturaleza, por parte de la cúpula directiva", añade el dictamen. También advierte de que la comercialización de las cuotas participativas fue "poco clara" y "llena de irregularidades".

Del mismo, el texto apunta al "maquillaje" de cuentas y a "acuerdos que multiplicaban dietas y remuneraciones" para "favorecer intereses particulares, en detrimento de los intereses de la CAM".

Según las Corts, "si bien la máxima responsabilidad corresponde al equipo directivo de la CAM y a su presidente, todos los miembros de los órganos de gobierno tienen una parte de responsabilidad en la medida en que, con su voto y con su actitud de comparsa, coadyuvaron al desastre". En esta línea, considera que esta "parte de responsabilidad es proporcional a las funciones que cada cual desempeñaba y al tiempo durante el que las desempeñó".

Los grupos parlamentarios han incorporado en el texto una serie de recomendaciones para evitar que vuelva a suceder algo similar. Al respecto instan a promover una nueva política sobre el sistema financiero y a pedir al Gobierno medidas para resolver los "problemas e miles de pequeños ahorradores derivados de la adquisición de productos  tóxicos emitidos por la CAM".

También piden al Consell resolver los problemas de la fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo, bien consiguiendo patrones entre el mundo financiero y, especialmente, entre los beneficiarios de la compra de la CAM, o bien integrando su patrimonio al de la Generalitat y gestionando sus bienes desde la administración pública".

Los grupos han expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y, al respecto, el 'popular' Vicente Betoret ha subrayado que el dictamen "hace honor a la verdad".  No obstante, la diputada de Compromís Mireia Mollà cree que esta comisión "se cierra en falso" por "no reprobar la actitud de aquellos que, con nombre y apellidos, pueden volver a reproducir estos hechos".   

Asimismo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha indicado que sobre la supervisión "no se han llegado a determinar responsabilidades individuales y responsabilidades políticas claras".  Por parte del PSPV, Francisco Toledo ha deseado que "todos los responsables de las barbaridades -en la CAM-- paguen por ello en los tribunales de Justicia".