Investigan el 'expediente perdido' del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas

Tras detectarse su pérdida se abrieron dos informaciones para investigar los hechos, una a cargo del secretario del Juzgado que instruía el caso, el número 32, y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza Castilla.

Ha sido el Decanato, que acumuló finalmente las dos investigaciones, quien ha decidido remitir la cuestión a un juez para que éste decida si pudo cometerse algún ilícito penal, han agregado las mismas fuentes.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que inició la instrucción y se inhibió posteriormente a favor de los Juzgados madrileños, remitió estas diligencias hace unas semanas después de recibir una petición del Juzgado 32, que las reclamó cuando la secretaría judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

Ni daño ni encubrimiento

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el ex tesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados. La causa ha quedado reconstruída después de que las partes personadas hayan presentado de nuevo los escritos remitidos.

Extravío de la causa

IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.