Comienza el proceso parlamentario para acortar las instrucciones judiciales y acabar con el término 'imputado'

   PSOE, Izquierda Plural, BNG y Esquerra Republicana han pedido la devolución al Gobierno de la norma, que será defendida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Según ha venido defendiendo el Gobierno, la reforma busca la agilización de la Justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regeneración en la lucha contra la corrupción.

   En cuanto a los plazos para las instrucciones, el Proyecto de Ley mantiene los plazos que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

   Según el PSOE, sin embargo, si esta limitación no se une a incrementos en las dotaciones personales y de medios materiales, la reforma no deja de ser "un brindis al sol y además una temeridad" que pondrá en evidencia la incapacidad del sistema. Advierten también que la Fiscalía podrá optar a no mantener acusaciones que no se puedan finalizar en el plazo establecido.

   "Con ese afán de aprobar normas que en un debate sereno mostrarían sus debilidades (...) el Gobierno pretende no solo aprobar una norma de una redacción muy deficiente(...) sino imponer su aplicación fuera de toda racionalidad", señala el PSOE en su enmienda, añadiendo que son necesarias reglas transitorias que permitan la adaptación del sistema jurídico y sus operadores a las nuevas previsiones.

   Añade que la norma presenta cambios improvisados que no contemplan solución a los derechos de los ciudadanos y merma garantías, especialmente de los beneficiarios de la justicia gratuita en relación con las nuevas competencias atribuidas a los TSJ que habitualmente se ubican en lugares alejados de donde se ha iniciado la causa judicial.

   Para Esquerra, el PP elude su responsabilidad presentando reformas parciales en vez de una nueva LeCrim. Este grupo también alerta de que la limitación de plazos para la instrucción "no se corresponde con la realidad" y no permitirá una instrucción eficaz de los delitos.

   Izquierda Plural también solicita la devolución de la reforma al Gobierno por entender que la modificación de la actual normativa no supone un cambio relevante en el proceso penal ni en la estructura de trabajo de los órganos judiciales, y coincide con el resto y con BNG en criticar la limitación de plazos para la investigación penal.

   Otra de las novedades de la Ley es la introducción de mecanismos para evitar las macrocausas que "acortará" los tiempos porque "cada delito generará una causa y cada una sentencia". Las causas sin autor conocido saldrán de los Juzgados y quedarán en manos de las Fuerzas de Seguridad.

    La Lecrim aporta también novedades en las medidas de investigación tecnológica que, según el ministro, compatibilizan los derechos de las "personas investigadas" con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.