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¿Hay un derecho (constitucional) a la vivienda?

¿Hay un derecho (constitucional) a la vivienda?

domingo 10 de mayo de 2015, 13:54h
Un sorprendente acuerdo político entre El Partido Socialista de Euskadi, Bildu y UPyD, (38 votos frente a los 27 del PNV y los 10 del PP) ha dado vía libre a un borrador de propuesta que previsiblemente se convertirá en ley y que dará acceso a un piso protegido en alquiler a todos aquellos ciudadanos que no superen determinados umbrales de renta. La normativa establecerá una aplicación escalonada de la norma para no crear un colapso económico: en 2016, todas las familias de tres o más miembros e ingresos inferiores a 15.000 euros -y cuatro años demandando un piso protegido- obtendrán un piso de alquiler. En 2017, el derecho se extenderá a las parejas con ingresos menores de 12.000 euros. En 2018, se extenderá a los que quieran vivir solos. Y a partir de 2019, el derecho sería universal para todos los que reúnan los requisitos reglamentarios.  

El pacto incluye que se dejarán de construir viviendas de protección oficial (VPO), ya que todo se fiará al alquiler, la expropiación de viviendas obtenidas de desahucios por los bancos y un gravamen a las viviendas que lleven más de dos años vacías. El PP no apoya la medida y el PNV ha puesto el grito en el cielo y amenaza con derogar la ley en la próxima legislatura -si puede, claro- y con "sacar toda la artillería para paralizar su desarrollo" ahora porque estima que supondría un coste inasumible y un "efecto llamada" porque otorga un derecho subjetivo a una vivienda en alquiler.

Dos reflexiones. La primera es si nos creemos o no, si aplicamos o no, lo que dice nuestra Constitución y los derechos que crea y que, en algunos casos, no se han desarrollado. El artículo 47 de la Constitución señala que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Está claro que ese derecho sigue siendo un deseo, no una realidad. Y lo mismo que la vida, la libertad de expresión, la educación, la sanidad o la justicia, el derecho a una vivienda digna - también al trabajo- es un derecho que el Estado debe promover activamente. No sé si esta propuesta en el Parlamento vasco es la mejor, pero la inacción es mucho peor. 

La segunda reflexión es sobre las posibilidades que se abren en los nuevos parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos. Y, a final de año, en el Parlamento nacional. Si se cumple lo que dicen las encuestas, la previsible dispersión de fuerzas va a favorecer acuerdos similares en este y otros terrenos frente al partido dominante. Se inaugura otra forma de hacer política. Nos tendremos que acostumbrar. Si sirve para reforzar los derechos de los ciudadanos, no estará mal. Si es para impedir la gobernabilidad -Andalucía es el ejemplo- ya veremos las consecuencias.   
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