El denominado 'caso Bárcenas' reaparece en uno de los peores momentos
para el Partido Popular y es que además del batacazo electoral y el
aumento de las voces disidentes en el seno del partido, los 'populares'
vuelven a ser 'golpeados' con uno de los casos de corrupción que más ha
perjudicado a la formación. Se le complica aún más la situación al
partido de Mariano Rajoy después de que el juez José de la Mata haya
acordado sentar en
el banquillo al PP como responsable civil subsidiario en relación con
la 'caja B' del partido por delitos fiscales cometidos en el pago de las
obras de reforma de su sede en la calle Génova, por lo que le pide
depositar en diez días una fianza de 1,2 millones. Además, el magistrado
sentará en el banquillo a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta,
al exgerente del partido Cristóbal Paéz (a los que acusa entre otros
delitos de integración en organización criminal) y a los empleados de
Unifica, el estudio que reformó la sede del PP, Gonzalo Urquijo, Belén
García y Laura Montero.
Además de la acusación de haber integrado una organización criminal, los acusados deberán responder por los delitos
de asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias,
blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda
Pública.
El PP tendrá que afrontar una fianza de 1,2 millones de euros: algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede central de los 'populares' en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008.
Además de
Bárcenas y
Lapuerta, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez
Concepción Espejel, juzgará al exgerente del PP
Cristóbal Páez, los socios de Unifica
Gonzalo Urquijo y
Belén García y su empleada
Laura Montero.
Organización criminalA los tres ex dirigentes 'populares' se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Estos dos últimos delitos son los que se imputan a los tres trabajadores del estudio de arquitectura.
El magistrado da veinte días a los acusados para que presenten sus escritos de defensa y diez para que depositen las fianzas impuestas, que se sitúan en 43,5 millones de euros. El juez también les advierte de que, si no lo hacen en el plazo establecido, realizará un embargo.
Las fianzas más altas, de 8,9 millones de euros, tendrán que ser prestadas por Bárcenas y Lapuerta. A continuación se sitúan Páez, que tendrá que afrontar una caución de 7,4 millones de euros; y Urquijo, García y Montero, que tendrán que depositar, respectivamente, una fianza de 6,1 millones de euros.
Además de al PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a Unifica la condición de responsable civil subsidiario en el procedimiento, al tiempo que le impone una fianza civil de 4,5 millones de euros.
En relación con el 1.024.987 euros que Unifica cobró en negro por las obras de la sede del PP, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que "la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene responsabilidad en el pago del tributo". Argumenta que debe responder el PP como persona jurídica como consecuencia de la "relación de dependencia" que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.
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