El expresidente andaluz Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, han formalizado este lunes su renuncia al escaño de diputado, que tendrá efectos a partir del jueves, 2 de julio. Ambos están imputado por el Tribunal Supremo en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía.
En un escrito recogido por 'Europa Press', fechado y registrado este lunes, Chaves comunica que renuncia a su escaño por Cádiz "con efectos del día 2 de julio", fecha a partir de la cual ya no ostentará la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado.
Se trata de un escrito de renuncia prácticamente idéntico al presentado por Gaspar Zarrías, que fue su consejero de Presidencia y que también está imputado en la causa. El del expresidente del PSOE se registró media hora después en la Cámara, pero también aclara que entra en vigor el día 2 de julio
En sus escritos, ambos aprovechan para expresar su agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas en estos años de parlamentarios.
El tercer diputado imputado es José Antonio Viera, que se ha negado a dejar el escaño por lo que deja el PSOE y se pasa al Grupo Mixto.
Chaves contra el juez
A pesar de su renuncia, Chaves también ha tenido palabras de crítica contra el juez instructor, al que ha acusado de "desconocer" el procedimiento legislativo.La defensa de Chaves ha presentado sus alegaciones ante la Sala del Supremo que debe decidir si tramita o no el suplicatorio contra él, tal y como le ha pedido el juez del caso, Alberto Jorge Barreiro.
El escrito del abogado abunda en críticas muy duras, aunque respetuosas en las formas, hacia el citado juez instructor, de quien dice: "No respeta, a nuestro humilde entender, las exigencias de la buena fe procesal", y a quien señala que "resulta casi alarmante tenerle que recordar" determinados aspectos de la tramitación parlamentaria.
Considerar que el presidente del Gobierno, como era Chaves, prevarica en relación con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma supone "desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo", le dice el abogado de Chaves al juez del caso en su escrito.
El abogado defensor se queja además ante el Supremo de que el instructor "ha privado a esta parte de su derecho a ser oída respecto a la solicitud de suplicatorio" y, en ese sentido, alega indefensión.
Además, el abogado de Manuel Chaves alega que ninguno de los informes alertando de irregularidades, que no ilegalidades, en los ERE, llegó a poder del expresidente.
Junto a ello, niega los hechos delictivos que se atribuyen a Chaves, tanto en relación con las modificaciones presupuestarias como con las leyes de presupuestos.
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