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OPINIÓN

La dura realidad de los inmigrantes en el actual contexto sociolaboral y político
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(Foto: Diariocrítico de Castilla-La Mancha)

La dura realidad de los inmigrantes en el actual contexto sociolaboral y político

Lola Santillana. Secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO CLM

lunes 13 de julio de 2015, 12:39h

La larga crisis económica que venimos sufriendo y las actuaciones de los gobiernos han castigado especialmente a las personas inmigrantes, a las que han convertido en un colectivo aún más vulnerable y desprotegido.

Desde el inicio de la crisis se vienen lanzando mensajes “erróneos” y realizando actuaciones sobre el colectivo de personas inmigrantes, a quienes se trata de culpabilizar por pretender encontrar un empleo (por el hecho de que muchos trabajadores nacionales están en desempleo) o a quienes se persigue sin tregua desde la Inspección de Trabajo y los servicios públicos de empleo si están percibiendo alguna prestación (porque, dicen, su único objetivo es sacar el dinero fuera de España; o porque son todos sospechosos de actuar fraudulentamente, participando en empresas ficticias para cotizar a la Seguridad Social sin trabajar para así acceder a los subsidios por desempleo).

El objetivo de los gobiernos ha sido la persecución de la inmigración. Sus esfuerzos se han centrado en ‘ilegalizar’ a las personas inmigrantes través de cambios reglamentarios; en eliminar ayudas; en mostrarles como personas que “ensucian” nuestras ciudades; en derivar su atención a organizaciones de acción caritativa; en lanzar mensajes claros y directos para que regresen a sus países de origen o se busquen la vida por otros lugares.

La crisis económica ha expulsado del mercado de trabajo a muchas personas, trabajadores nacionales y extranjeros. Para estos últimos, la falta de empleo y el agotamiento de prestaciones han provocado la pérdida de papeles, por lo que se han visto perseguidos y detenidos.

Los esfuerzos no deberían centrarse en la persecución, sino en garantizar unos ingresos mínimos para todas estas personas que no encuentran un empleo y que no reciben ninguna prestación. No podemos tolerar que nadie se aproveche de las personas más desfavorecidas. Es necesario controlar las condiciones laborales y el cumplimiento de la ley para evitar el uso fraudulento de la misma en beneficio del enriquecimiento de unos cuantos a través de la explotación de la fuerza del trabajo. Campañas de este tipo ha puesto en marcha el Ministerio de Empleo, pero lamentablemente con el objetivo de perseguir al más vulnerable. Las decisiones en materia de inmigración deben abordarse desde los gobiernos con mayor cautela y responsabilidad, considerando sus efectos a medio y largo plazo.

La ausencia de planes estratégicos de integración de personas inmigrantes constituye una grave dejación de responsabilidades por parte de los gobiernos con previsibles consecuencias negativas. Porque lo que no se puede pretender es invisibilizar a las personas inmigrantes, como si no pasara nada, olvidarlas y abandonarlas a su suerte.

Sin empleo, sin ingresos y sin papeles, denigrados y perseguidos, una parte del colectivo inmigrante se ha ido marchando en busca de un trabajo en otros lugares. Estos desplazamientos tienen cara masculina; las mujeres no se han marchado en la misma proporción y corre a su cargo el mantenimiento de la familia. Muchas de estas mujeres trabajan como empleadas de hogar, viéndose afectadas por el retroceso del derecho conseguido para estas trabajadoras en cuanto a la cotización. Un derecho que dignificaba su trabajo y les abría vía para acceder a otros derechos laborales y a la protección ante la enfermedad, el desempleo o la jubilación. Vía que se ha visto truncada por los últimos cambios introducidos en la ley, con el olor más conservador y rancio, para que sigan entrando por la puerta del servicio en el sentido más amplio.

El colectivo de personas inmigrantes sufre una dramática realidad que no se puede obviar ni tratar de ocultar, sino que requiere de una actuación comprometida y responsable por parte de los poderes públicos. Es crucial la defensa y el respeto de los derechos y libertades fundamentales que tienen que ver con la dignidad humana. Es crucial entender y valorar la inmigración como una cuestión fundamentalmente social vinculada al mercado de trabajo y siempre desde una perspectiva integradora que facilite la normalización de este colectivo.
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