La Marea Granate denuncia irregularidades en el sistema del voto de los españoles en el exterior

La Marea Granate denuncia "la paupérrima participación electoral" de los emigrantes españoles a través de una denuncia lanzada bajo la etiqueta "#VotoRogadoVotoRobado". Para este colectivo, las causas principales se encuentran en la falta de información, la innaccesibilidad de consulados y los plazos impuestos por el voto rogado.

En España, los nacionales residentes en el exterior deben solicitar inscribirse en un censo específico, a diferencia de los residentes en España, para los que la inclusión en el censo es automática.

Esto es lo que se conoce como "voto rogado", que además fue modificado para que las solicitudes se tuvieran que tramitar a través de un consulado -presencialmente- y no por correo.

La Marea Granate denuncia que en las tres últimas elecciones celebradas en España -las locales, las andaluzas y las europeas-, hubo una media del 75% de emigrantes españoles que no pudo ejercer su derecho al voto.

En concreto, señalan que en las últimas elecciones autonómicas de mayo, el 96% de los emigrantes españoles no votaron. La principal causa, según la plataforma, fue que las papeletas no llegaron a tiempo (en el 37% de los casos), seguida de la imposibilidad de inscribirse a tiempo en el censo (20%) y la de no poder trasladarse al consulado (19%).

Estas tres causas -y en este orden- son también las que destacaron en las elecciones al Parlamento andaluz de marzo y en las europeas de 2014. En esta última es especialmente llamativo el porcentaje de las papeletas que no llegaron a tiempo, que suponen hasta el 51% de los casos de votos perdidos.

Otros problemas menos comunes son los problemas informáticos, los errores en el censo o la negación del voto rogado.

Pero además, la Marea Granate denuncia "irregularidades" de las que culpa directamente a la administración como el cierre del censo sin previo aviso, la negación de la inscripción como residente temporal o la "chapuza" de la aplicación telemática.

El colectivo alerta de que la situación se puede volver a repetir en las próximas elecciones generales, aún sin fecha oficial y sin información al respecto del censo. Así, argumentan que si estos comicios se celebraran el 20 de diciembre, el censo electoral se tendría que cerrar este 31 de julio.

Además señalan directamente al PP porque, dicen, no tienen "la mínima intención de atajar los problemas de fondo" y recuerdan al Gobierno que tienen la "obligación y la responsabilidad directa de garantizar un derecho civil tan básico como la participación electoral de sus ciudadanos".