Claves de una reforma Constitucional que llegará ya en la próxima Legislatura

El eje que ha podido cambiar la idea de Rajoy, no cabe duda que es la cada vez más "irreconducible" apuesta definitiva de Artur Mas -que ya ha declarado que se opone a los planes de Catalá, por el soberanismo, o sea por el independentismo, lo que había llevado a los socialistas a plantear un cambio constitucional para encajar a Cataluña en un esquema federal. A eso se refería Pedro Sánchez cuando recibió la despectiva respuesta del presidente del Gobierno. Que, sin embargo, ya en mayo de este año, tras recordar que lo prioritario era la situación económica, ya no se negaba a una redorma de la Carta Magna: "Estoy dispuesto a hablar, hay un buen informe del Consejo de Estado sobre la reforma".

Quizás fuera un guiño para ver cómo caía y un avance de lo que ahora defiende el ministro Catalá, seguro que con su aquiescencia, y que afectaría a los artículos 148 y 149, aunque Rajoy tiene claras cuáles habrían de ser las líneas rojas para abordar la reforma en la próxima legislatura, rechazando "decisiones unilaterales" que suponen "una burla a la legalidad", como pretende Artur Mas. De ahí que desde la cartera de Justicia se adelantase claramente que "el Estado autinómico podría definirse mejor en cuanto a sus competencias", delimitando claramente las propias del Estado y las de las comunidadea autónomas.

Algo en lo que, sin entrar en el nombre de federalismos simétricos o asimétricos, ya es del gusto del PSOE, que no en vano una comisión de expertos suyos ya estudia a fondo cómo establecer esta reforma. Y no en vano, también hay reuniones con otros expertor del PP para reformar definitivamente el Senado. E incluso, una especie de preborrador de acuerdo de esta negociación en la que, al menos, hay leves contactos con otras fuerzas parlamentarias que se ampliarán a partir de septiembre. En caso de acuerdo final, estos cambios respecto a la Cámara Alta se tramitarían a través del artículo 167, que requiere mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras y evitaría el referéndum salvo que lo pidiera una décima parte de alguna de las Cámaras.

Contar con Podemos y Ciudadanos

Claro, todo ello en la próxima legislatura, pues no hay tiempo ni ganas, enfrascados en la lucha y precampaña para las generales, para hacerlo en la que ya da sus últimas bocanadas. Y el problema vendrá entonces, tras los comicios generales, porque todo indica que el nuevo Parlamento estará mucho más dividido que el actual, con la irrupción, mayor o menor pero amplia, de Podemos y Ciudadanos, a los que habrá que tener en cuenta. Y cuyas posiciones al respecto no se saben a fondo todavía y tendrán que precisar incluso en sus programas electorales.

Claro que, ya aprovechando esta reforma, si como parece llegara a hacerse, se abordarían otros asuntos más allá del autonómico o federal, empezando por la eliminación de la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, y siguiendo por disminuir, no se sabe en qué grado, ese privilegio del aforamiento para los diputados de las comunidades autónomas que tan criticado es precisamente por Podemos y Ciudadanos, aparte de por la gente de a pie.

Los artículos 167 y 168

La normativa precisa de reforma de la Carta Magna, contemplada en el artículo 167 de la misma, dentro del título X, puede calificarse como el procedimiento ordinario de cambio, mientras que el regulado en el artículo 168, previsto para las reformas de más relevancia y que se caracteriza por su mayor complejidad y dificultad, puede calificarse por ello como un procedimiento agravado.

La existencia de estos dos procedimientos de reforma evidencia que la Constitución ha optado por agravar el procedimiento de reforma para poder modificar determinados aspectos esenciales del sistema antes que excluir algunas cuestiones o preceptos. Esta opción suele responder a la convicción de que imponer límites materiales a la reforma, esto es, excluir toda posibilidad de cambio de ciertos contenidos constitucionales, no es una barrera eficaz para impedir cambios políticos, que suele ser la pretensión, un tanto ingenua, de tales cláusulas de intangibilidad.

El cambio de ZP para el déficit cero

Es precisamente en las cuestiones esenciales donde, llegado el caso, la acción política puede imponerse por encima de las vías constitucionales, haciendo inútiles las previsiones del constituyente. Por ello, en la Carta Magna, la posibilidad de la reforma está abierta incluso para los aspectos más relevantes del sistema constitucional. Por otra parte las cláusulas de inmodificabilidad suelen ser ineficaces. En definitiva que se abren tiempos nuevos en los que, de una manera o de otra, habrá un nuevo cambio tras el que PSOE, entonces en el Gobierno, y PP cerraron hace cuatro años en el artículo 135.

Por presiones o imposiciones de Europa, el 2 de septiembre de 2011, con Zapatero aún en el Gobierno, el Congreso aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de auténtico calado, e introdujo de forma urgente el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. Los síes de PP y PSOE superaron con creces los 3/5 de la Cámara o los 212 votos necesarios, pero la reforma salió adelante con el desplante del resto de grupos: CiU y PNV, presentes en el hemiciclo, no votaron, e IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai directamente se ausentaron durante la votación.