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La oposición se une para recurrir la reforma exprés del Tribunal Constitucional
(Foto: EFE)

La oposición se une para recurrir la reforma exprés del Tribunal Constitucional

miércoles 02 de septiembre de 2015, 13:45h
Los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso han suscrito un recurso conjunto para tratar de frenar la tramitación de la reforma exprés del Tribunal Constitucional que el PP ha planteado este lunes con idea de aprobarla en mes y medio.
Esa proposición de ley, registrada al mediodía del martes, fue calificada de inmediato por el presidente del Congreso, Jesús Posada, sin esperar a la reunión que la Mesa del Congreso tiene prevista el martes de la próxima semana. Posada ha tramitado la proposición de ley del PP antes de emprender este miércoles un viaje oficial a Cuba con varios miembros del órgano de gobierno de la Cámara.

Las prisas se deben al calendario que maneja el PP para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Meter la proposición de ley en la sesión plenaria de dentro de dos semanas exigía que fue admitida a trámite por la Mesa cuanto antes.

El PSOE ha recabado la firma de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Convergència (CDC) y Unió (UDC), el PNV, UPyD y varios partidos del Grupo Mixto (CC, BNG y Compromís) para presentar un recurso conjunto con el fin de que Posada reconsidere la admisión a trámite de la reforma del PP al considerar que ha vulnerado el Reglamento porque la competencia del presidente para calificar iniciativas se limita a proyectos y de ley tratados internacionales, pero no a proposiciones de ley de grupos parlamentarios.

"Falta de imparcialidad" de Posada

"La calificación de la iniciativa por la Presidencia ha excedido el ámbito de la delegación efectuada por la Mesa, pero además favorece directamente la tramitación de una iniciativa del grupo que apoya al Gobierno en detrimento de las de los demás, lo que supone una inaceptable actuación por falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones", reza el escrito.

Saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que al faltar sólo mes y medio para disolver las Cortes ya de por si está muy ajustada.

Así, quieren que su recurso provoque un debate en la Mesa del Congreso del día 8, la redacción de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara y una nueva reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces para discutir el asunto.

Sin descartar recurrir al propio Constitucional

Y se reservan la opción de recurrir después a la vía judicial e incluso al Tribunal Constitucional, ya sea en amparo contra la tramitación y en su momento si la reforma entra en vigor. "Vamos a concentrar todas las fuerzas en rectificar la calificación y vamos a ver cómo acaba todo esto, pero no descartamos ir al TC", ha admitido Magdalena Valerio, secretaria general adjunta del Grupo Socialista.

La diputada del PSOE considera que la tramitación urgente elegida por el PP es "un abuso más de la mayoría absoluta", esta vez "utilizando al presidente del Congreso, que debe ser el presidente de todos y ejercer un papel arbitral".

"Es un ataque grave a la democracia y a al división de poderes, forzando el funcionamiento del Parlamento --ha explicado en rueda de prensa--. Con esta ley, el PP va a poner el broche de oro del abuso que ha mostrado durante toda la legislatura".

IU sobre Posada

Para el presidente de Izquierda Plural y coordinador federal de IU, Cayo Lara, Posada tiene competencias para calificar iniciativas en solitario pero en una reforma tan importante debía de haber consultado al resto de miembros de la Mesa del Congreso y no dejarse llevar por la "cacicada" de su partido. "Lamento que Posada se haya prestado al juego del PP, lo teníamos calificado de otra manera al presidente", ha comentado.

Según el portavoz nacional de UPyD, Andrés Herzog, la tramitación urgente de esta iniciativa es "un atropello parlamentario" pues se quiere hacer "a las bravas", sin ni siquiera un informe de la Mesa del Congreso, y espera que se imponga "la cordura". Esto se añade al hecho de que, al ser proposición de ley del Grupo Popular en lugar de un proyecto de ley del Gobierno del PP, no va a llevar los informes de los órganos consultivos.

"Al final, a lo que nos lleva todo esto es que consideran las instituciones como su cortijo particular --ha declarado--. Una vez más estamos viendo cómo manejan a su antojo, por intereses partidistas, las instituciones de todos".

Pere Macias, de Convergència, se ha sumado a las críticas por lo que considera una "tropelía" y un "atropello" del PP, pero también ha aprovechado para pedir a los demás grupos un compromiso firme de que derogarán la reforma si finalmente llega al BOE. A su juicio, la iniciativa del PP tiene claros "tics franquistas" porque recuerda a la legislación de la dictadura, llega transmitida por el Movimiento Nacional del partido único y obliga a poner a todas las instituciones a su disposición.
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