Una manifestación es un acto político importante en función del número de asistentes, pero no es un procedimiento para cambiar las leyes. A quienes anuncian estar dispuestos a proclamar por las bravas la independencia de Cataluña procede recordarles que hay leyes en vigor para impedir que prospere cualquier acto contrario a la Constitución. Tras la noche del 27 de Septiembre, recontados los votos, sabremos el apoyo con el que cuenta la lista que defiende la secesión. También, cuantos catalanes son partidarios de seguir formando parte de España.
Una porción importante del electorado votará a favor de seguir con la "hoja de ruta" anunciada por Artur Mas y su socios coyunturales de ERC. Según los resultados de la última encuesta del CIS, por debajo de la mitad de la población. Quiere decirse que ha cuajado el mensaje independentista pero que sus partidarios no conforman, ni mucho menos, la "mayoría" a la que Mas, Junqueras u otros dirigentes secesionistas suelen invocar cuando se arrogan el derecho a hablar en nombre de "todos los catalanes". Así las cosas, una declaración unilateral de independencia no sería ni legal ni políticamente viable.
Concluiría en un conato insurreccional, sofocado por las decisiones de los tribunales y sin contar con la legitimidad que otorga el respeto a los procedimientos democráticos. Mas tiene dicho que si consigue mayoría de escaños en el Parlament -aunque cuente con menos votos que los partidos constitucionalistas-, seguirá adelante con su plan. Sería su mayor dislate. Una huida hacia adelante dictada por la desesperación de quien se ha tirado a la piscina sin observar previamente el nivel del agua. Llegado el caso, creo que no habría que perder los nervios.
El Estado dispone de suficientes recursos para frenar semejante iniciativa. Al Gobierno de Mariano Rajoy o a quien, llegado el caso, le sustituya en La Moncloa, compete enfriar al situación. Karl Popper solía recordar que la democracia es un sistema de reglas que fue ideado para evitar el recurso a la violencia.
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