La jueza, quien instruye la investigación sobre presuntos delitos urbanísticos en el municipio murciano de Totana, tomó esta medida cautelar después de tomar declaración Martínez Andreo durante la tarde del domingo.
Además del primer edil, declararon en el juzgado el ex concejal del Ayuntamiento de Totana y empresario local, Juan Francisco Casanova, y la secretaria municipal, Laura Bastida, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 15.000 y 20.000 euros, respectivamente, con la obligación para ambos de comparecer ante el juzgado .
La jueza dirige la instrucción por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Por su parte, el pasado sábado declararon en calidad de imputados tres personas más, P.J.M.R., que quedó en libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, así como D.C.C. y A.C.L., que quedaron en libertad provisional sin fianza.
Por último, el pasado viernes pasaron a disposición judicial seis detenidos, entre ellos el empresario gallego Manuel Núñez Arias, para quien se decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros, y en caso de prestarla, como ya hizo, obligación de comparecer ante el juzgado y retirada del pasaporte.
Tras esta decisiones, el concejal de Urbanismo, Bienestar Social y Participación Ciudadana, y primer teniente de alcalde del Consistorio totanero, Juan Carrión, ha sido designado alcalde en funciones hasta nueva orden
En este sentido, fuentes municipales informaron que en la reunión que este lunes mantuvo la corporación municipal para estudiar la situación como consecuencia de la operación 'Tótem', se acordó que cada concejal siga con su puesto, mientras que Carrión asumirá la Alcaldía de momento y hasta nueva orden.
Reacciones
El portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), José Ramón Jara, recordó que "si hace una semana se pedía la dimisión del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, hoy con más razón se tiene que pedir", al tiempo que condenó que el PP "no sea valiente y no le exija ya esa dimisión o expulsión del partido", porque, subrayó, "cuanto antes rectifique mejor". Por su parte, el coordinador de IURM, José Antonio Pujante, solicitó "cuanto menos, su suspensión de militancia".
Tras conocerse la decisión de la jueza, Jara la tildó de "sumamente grave, lo que demuestra que tiene fundamentos sólidos para esta situación". Asimismo, consideró que "cuanto antes rectifiquen mejor [en referencia al PP], porque no pueden seguir siendo encubridores políticos de lo que no puede ser tapado por más tiempo".
Y es que, a su juicio, "atacar a los medios de comunicación, a la justicia o a la Guardia Civil, en lugar de asumir sus propias responsabilidades, no sólo perjudica a toda la Región, sino que también perjudica al PP".
Por su parte, Pujante opinó que, ante esta situación, "lo que se debería hacer de manera inmediata es suspender de militancia, aunque sea de forma cautelar hasta tanto no se dilucide más esta cuestión, al primer edil totanero".
"Resulta sorprendente que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que es el que debería de hablar, no hable"; motivo por el que, incidió, "los murcianos nos preguntamos cómo guarda silencio ante un asunto de tal gravedad".
Es por ello por lo que volvió a insistir en que el presidente de la Comunidad "debería de actuar de manera inmediata y suspender de militancia a Martínez Andreo, que se encuentra actualmente detenido y no retenido como inicialmente planteó el PP".
Además, pidió que "no busque la confrontación con la justicia" que, a su parecer, "está actuando de forma adecuada". "Buscar un chivo expiatorio en la justicia creyendo que está detrás de una campaña contra el PP resulta cuando menos sorprendente y recuerda a los planteamientos que los golpistas suelen hacer", reprobó.
Por su parte, el grupo municipal de IU+LV en el Ayuntamiento de Totana pidió la dimisión "inmediata" del alcalde, José Martínez Andreo, "respetando siempre su presunción de inocencia", a fin de "poder defenderse, sin suponer un lastre para el Consistorio, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el PP el pasado 27 de mayo", al tiempo que solicitó al pueblo que "mantenga la serenidad y baje los niveles de crispación".
Ante la decisión de la jueza el primer edil, IU+LV incidió en que "la institución municipal y el buen nombre de Totana está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y el ordenamiento jurídico".
Es por ello por lo que consideró que "si existe responsabilidad en los escándalos en los que este pueblo, personas concretas, empresas y familias se encuentran inmersos, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos".
Igualmente, advirtió, en un comunicado de prensa, que "ante la actuación de la Administración de la Justicia no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpar a los periodistas y medios gráficos que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones".
En cuanto a los detenidos en la operación 'Totem', el grupo municipal de IU+LV afirmó que, en concreto, "la situación jurídica de la secretaria Laura Bastida es insostenible como funcionaria máxima en la institución que representa a los totaneros", por lo que pidió que "cese de inmediato en sus funciones por el buen nombre de los funcionarios".
Al mismo tiempo, solicitó que el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales, "sea relevado de su puesto en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia", y que los miembros del equipo de Gobierno "estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho".
Además, pidió al PP la adopación de medidas "urgentes", ya que, subrayó, "no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente", y al diputado del PP, Juan Morales, "que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho".
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