El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), reunido de urgencia, ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento indepentista.
Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite, de forma unánime, el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista.
Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
En su resolución, el tribunal de garantías recuerda a estos 21 altos cargos su deber de cumplir sus resoluciones y les apercibe de que podrían incurrir en la comisión de un delito de desobediencia en caso de ignorarlas, han informado fuentes jurídicas.
Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.
En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la Cup "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
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