Evo Morales propone consulta para revocar su mandato

Ante la sorpresa de propios y extraños, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, propuso un referéndum revocatorio del mandato de su mandato presidencial y el de los nueve prefectos (gobernadores) del país.

Agobiado por las presiones internas, Morales decidió apelar a su capital político personal como salida al enfrentamiento estatal entre el gobierno central y los gobiernos locales, así como a la propia situación de polarización social en la que se debate el país.

En rueda de prensa en la noche del miércoles, el Jefe del Estado boliviano dijo que la decisión fue asumida para dar al pueblo la palabra definitiva, acerca de si está con el proceso de cambio o prefiere la vigencia del sistema neoliberal.

El proyecto debe ser aprobado por el Congreso Nacional y, posteriormente, la Corte Nacional Electoral (CNE) tendría que convocar a los bolivianos a las urnas.

La decisión responde al pedido de los prefectos y dirigentes cívicos de la denominada "media luna", más Cochabamba y Sucre, que exigen un referéndum de revocatorio de mandato del Presidente de la República por considerar que se "está vulnerando la democracia y la Constitución Política del Estado".

"Si el pueblo dice ‘se va Evo’, no tengo ningún problema, soy más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio", dijo el mandatario durante un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno, en La Paz.

Morales afirmó que quiere que se haga ese referendo revocatorio para comprobar si el pueblo apoya el "proceso de cambio" que impulsa su Gobierno y que, a su juicio, la oposición "conservadora" intenta frenar, al formular denuncias internacionales en su contra para "acabar" con su administración.

"Evo Morales jamás ha pensado perpetuarse", dijo el jefe de Estado, al señalar que, en realidad, es el pueblo el que en diversas manifestaciones expresó su deseo de que gobierne por veinte o cincuenta años para garantizar un cambio con "justicia social".

Los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Cochabamba, todos opositores al Gobierno, se encuentran en estos días en EE.UU. para denunciar ante varios organismos internacionales lo que consideran actuaciones "ilegales" de Morales y de su partido, en la Asamblea Constituyente y en el Congreso.

Además, al menos 350 personas están en huelga de hambre en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en protesta por los "atropellos" a la democracia que, según la oposición, ha cometido Morales.

El departamento de Santa Cruz, el más rico del país y feudo de la oposición, concentra el mayor número de huelguistas, con alrededor de 250, confirmaron fuentes del comité cívico regional.

Los huelguistas protestan por la forma en que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en primera instancia el proyecto de Constitución de Morales el pasado 24 de noviembre, en un colegio militar de la ciudad de Sucre, sin presencia de la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.

Asimismo, hace apenas una semana, parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.

Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso.

Además de los cuatro prefectos opositores, que ya presentaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas sus denuncias, también está en Washington una misión del Gobierno boliviano.

Esa delegación solicitó formalmente al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que envíe a Bolivia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue las tres muertes ocurridas en Sucre.