La maqueta del desacato

Hace algunos años la Generalidad catalana compró ilegalmente una colección de piezas históricas procedentes del monasterio aragonés de Sijena y las instaló en un museo de Lérida. En 1995 el ayuntamiento de Villanueva de Sijena emprendió una batalla legal para recuperar aquel tesoro de su pueblo. Como si se tratase de una broma del destino, en torno a este contencioso se ha desplegado una línea de desobediencias o desacatos que parece una maqueta a escala menor de la conducta de Puigdemont en relación con el cumplimiento de cualquier tipo de leyes, encastillándose en sus funciones de gobierno autonómico para hacer mofa de cualquier tipo de autoridad emanada de la soberanía nacional. Sabemos que el desacato fue eliminado del código penal como figura delictiva pero no el incumplimiento de las normas que, entre otras cosas, mantienen el carácter de autoridad de quien pretende hacer respetar y respetar el mismo los principios en que se basa su propia legitimidad.

La resistencia a cumplir la legalidad a escala menor, en el caso del tesoro de Sijena, no es menos significativa porque, en este caso concreto, la proyección de los bienes en litigio se limite a los derechos de una población. La conducta de menosprecio de la justicia no es distinto en el caso de los derechos de Sijena que en el caso de despreciar las atribuciones de las instituciones de la soberanía nacional que defienden los derechos de todo el pueblo español.Hace algunos años la Generalidad catalana compró ilegalmente una colección de piezas históricas procedentes del monasterio aragonés de Sijena y las instaló en un museo de Lérida. En 1995 el ayuntamiento de Villanueva de Sijena emprendió una batalla legal para recuperar aquel tesoro de su pueblo.

Como si se tratase de una broma del destino, en torno a este contencioso se ha desplegado una línea de desobediencias o desacatos que parece una maqueta a escala menor de la conducta de Puigdemont en relación con el cumplimiento de cualquier tipo de leyes, encastillándose en sus funciones de gobierno autonómico para hacer mofa de cualquier tipo de autoridad emanada de la soberanía nacional. Sabemos que el desacato fue eliminado del código penal como figura delictiva pero no el incumplimiento de las normas que, entre otras cosas, mantienen el carácter de autoridad de quien pretende hacer respetar y respetar el mismo los principios en que se basa su propia legitimidad. La resistencia a cumplir la legalidad a escala menor, en el caso del tesoro de Sijena, no es menos significativa porque, en este caso concreto, la proyección de los bienes en litigio se limite a los derechos de una población.

La conducta de menosprecio de la justicia no es distinto en el caso de los derechos de Sijena que en el caso de despreciar las atribuciones de las instituciones de la soberanía nacional que defienden los derechos de todo el pueblo español. El mes pasado expiró el plazo dado por la juez competente para que fueran devueltas las obras de arte ilegalmente compradas al histórico monasterio de Sijena (Huesca) y que sepamos las piezas siguen retenidas en Lérida. El abogado de Sijena, Jorge Español, ha dicho: “Lo que está haciendo la Generalidad no solo es un desacato continuado sino anunciado; dicen por anticipado que van a cometer el desacato y luego lo consuman y lo peor es que no les pasa nada por ello”. Como en el caso del llamado “proces” secesionista, su anuncio por quien ejerce como presidente de la Generalidad es, también, un desacato continuado y anunciado. Se dice por adelantado que el próximo octubre se celebrará un referéndum y mientras llega el momento se van tomando medidas que extralimitan las competencias de los órganos autonómicos. Tal referéndum se viene intentando desde antes, a manera de simulacro, con utilización de medios e instalaciones públicas. Se anuncia esta vez por anticipado y con fecha y, si se pudiera, se consumaría. La Generalidad lleva tiempo manifestando su propósito de desobediencia a las leyes del Estado y a su interpretación por el Tribunal Constitucional competente en la materia.

Las ilegalidades cometidas en el caso de Sijena provocaron que, en primera instancia, se declararan nulas las adquisiciones de la Generalidad. La Generalidad recurrió contra dicha nulidad pero, al no prosperar dicho recurso y ordenarse la devolución de las obras de arte, estas siguieron en Lérida, limitándose la Generalidad a mirar para otro lado como si la nulidad no existiese y no tuviese obligación de cumplir los mandatos judiciales. Tras .perder en los juzgados, la Generalidad optó por la pura desobediencia sin justificación alguna. Cuarenta y seis piezas siguen retenidas. Cuarenta y cuatro en un museo de Lérida y dos en paradero desconocido. Esta conducta es, por el momento, desobediencia a la autoridad judicial o apropiación indebida. Son ilícitos penales evidentes y exigibles por decencia pública a unas autoridades regularmente establecidas.

El requerimiento judicial se ha reiterado, tras un año de incumplimiento, con advertencia de que tal incumplimiento podría tener consecuencias penales. La circunstancia de ser inhábil agosto a efectos judiciales a servido para dilatar la reacción d la justicia hasta septiembre, a la manera de cómo parece aplazada las acciones de la justicia en relación al “proces”, hasta Octubre. Mientras tanto, el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, ha sentenciado por su cuenta: “Más allá de la ley y de su interpretación hay razones de conciencia”. He aquí un argumento válido para toda clase de incumplimientos. La razón de conciencia reside en el principio gratuito consistente en que las leyes catalanas están por encima del Derecho Español en cualquier asunto que lo consideren conveniente los actuales ocupantes de la Generalidad. No les importa las desautorizaciones jurídicas de los órganos competentes ni la opinión exterior de especial significado como es, en este caso, la del Vaticano al tratarse de bienes de carácter religioso y simbólico de diferentes diócesis.

El incumplimiento es la manifestación palpable de hacer lo que venga en gana a unos dirigentes políticos de indisimulable estilo autoritario, secuestradores de obras de arte como se recuerda que hacían los dirigentes del III Reich. La conducta en el caso de Sijena es una muestra de laboratorio de cómo se las gastan aquellos para los cuales reclaman diálogo quienes no comprenden que para liberar a Cataluña de la arbitrariedad no es el mejor camino contribuir a profundizar el foso con que pretenden “desconectarse” agrandando el agujero. Lo primero es dejar de cavar en el foso. La pregunta que inquieta a la opinión pública no contaminada por la resignación suicida es, en el caso de Sijena, cuando el juez envía la policía judicial a hacer ejecutivo su mandato.

Dicho esto, a más alto nivel ¿A cuando espera Rajoy para hacer ejecutivos los principios de la Constitución Española? Es más que discutible el sistema por el cual todos los defensores de la ley deban limitarse a dar por buena la promesa de Rajoy de que no habrá referéndum el primero de octubre gracias a una fórmula secreta y permitiendo, hasta entonces, la exhibición desafiante del proyecto de desacato.