Parte de la Comisión de Garantías de Podemos niega la legitimidad de la anulación de los estatutos

A la dirección de Podemos no le interesa otra batalla interna mientras buscan reforzar su rol político mano a mano con un PSOE que ha dejado atrás su propia crisis. Por eso los principales dirigentes del partido han preferido optar por la prudencia o el silencio ante las preguntas sobre las críticas a los nuevos estatutos del partido y la división creciente en la Comisión de Garantías, el órgano que se encarga de hacer cumplir las normas internas.

La respuesta ante la reunión de este jueves entre representantes de 12 Comisiones de Garantías Autonómicas ha sido nula. Los dirigentes de Podemos han evitado contestar a la petición directa que les han hecho los protavoces de 11 de estos órganos para que revoquen los estatutos y cierren el expediente abierto contra la que ha sido presidenta de la Comisión de Garantías Estatal, Olga Jiménez.

Diariocrítico ha tenido acceso a un documento que explica en parte las reservas de la Ejecutiva al considerar que el conflicto se debe sólo a una pelea entre los integrantes de Garantías. Se trata de un comunicado de la secretaría de la Comisión -ahora en el bando enfrentado a Jiménez- en el que hace referencia a una reunión del órgano dos días antes de la fecha que aparece en el dictamen que inició la polémica.

El voto de los suplentes

El dictamen en cuestión declaraba nulos parte de los nuevos estatutos en lo referente a las reglas de la propia Comisión de Garantías y al régimen disciplinario, que presentaba modificaciones que nunca fueron debatidas en la Asamblea de Vistalegre II.

A la interna de la Comisión, lo que molestó a Jiménez y sus aliados es que los estatutos dejaban claro que los suplentes carecían de derecho a voto. Esto, en teoría, sí era coherente con las anteriores normas internas del partido pero contradecía una decisión de los propios miembros de la Comisión en la que otorgaban capacidad de voto a los suplentes, de modo que el órgano tenía en la práctica 9 miembros en vez de los 5 titulares que determinan los documentos.

Según la secretaria de la Comisión, Jiménez impulsó el dictamen que anulaba parte de los documentos y luego "actuó" como si tuviera los números para que fuera aprobado, cuando en realidad incluía en el cómputo a los suplentes. Fuentes próximas a la presidenta de la Comisión han confirmado que el dictamen recibió los votos de 8 personas: 5 de ellas se pronunciaron favor y 3 en contra, por lo queda claro que participaron miembros a los que los nuevos estatutos no otorgan capacidad de voto.

Si se considera que los suplentes carecían de voto, los números serían 2 votos a favor y 3 en contra, por lo que el dictamen -según esta perspectiva- no estaría aprobado.

El mismo documento detalla que los 3 votos en contra vinieron de las mismas personas que luego instaron a la Ejecutiva de Podemos a tramitar un expediente contra Jiménez. En el propio comunicado adelantan el argumento utilizado: "Cualquier actuación de cualquier miembro de Podemos que pretenda atribuirse competencias de otros órganos o subvertir la voluntad de la Asamblea Ciudadana confundiendo a los inscritos será puesta en conocimiento del Consejo de Coordinación estatal".

Desde el entorno de Jiménez aseguran que el dictamen tiene validez ya que en el momento de su votación no estaban en vigor los estatutos y, por tanto, prevalecía la decisión de la Comisión de dar voto a los suplentes. "Los estatutos no están en vigor hasta su efectiva inscripción en el Ministerio del Interior", han comentado estas fuentes a Diariocrítico.

Los estatutos no fueron registrados en el registro del Ministerio hasta el 4 de agosto, es decir, varios días después de la reunión y la disputa por el dictamen. Por tanto, el bando de Jiménez entiende que esta resolución fue aprobada y que, por tanto, debía de haber sido de obligado cumplimiento para la Ejecutiva que, no obstante, decidió ignorarla y continuó con el registro de las nuevas normas internas.

En este sentido, recuerdan que es la Comisión de Garantías quien tiene la potestad de interpretar los documentos aprobados por las bases que, en este caso, no especificaban explícitamente que sólo los titulares tenían capacidad de voto.

Críticas a Echenique

Lo inédito de esta situación en la agitada vida interna de Podemos se centra en el hecho de que, en principio, los integrantes de la Comisión de Garantías eran ajenos a la lucha de familias que se ha vivido en otros órganos.

Sin embargo, la versión del entorno de Jiménez es diferente, ya que ellos sí critican que las injerencias han procedido directamente desde la Ejecutiva y en concreto del secretario de organización, Pablo Echenique. De hecho, han bautizado como 'comisión Echenique' al nuevo pleno de la Comisión de Garantías constituído por los 3 miembros que denunciaron a Jiménez y la apartaron de su cargo.

Los representantes de 11 de las Comisiones de Garantías Autonómicas reunidas este jueves respaldaron estas críticas al considerar que fue un intento de "usurpación de funciones" contra un cargo elegido directamente por las bases. En las conclusiones de esta reunión se apela directamente a la Ejecutiva del partido para que solucione el asunto pero no se culpa directamente al órgano dirigido por Iglesias de estar detrás.

El aumento de la rebelión de las Comisiones de Garantías ha provocado que algunos dirigentes del sector errejonista hayan roto su silencio en las redes sociales. Ha sido el caso de la ex integrante del Consejo Ciudadano Estatal, Eva Muñoz, que ha calificado de "pena y vergüenza ajena" lo que está sucediendo con la Comisión de Garantías.

Otro de los 'ex' del primer Consejo Ciudadano de Podemos, Germán Cano, ha señalado directamente al secretario de organización. "La prodigiosa versatilidad de @pnique (Pablo Echenique): de ciudadano desideologizado a fiel burócrata de partido pasando por corriente crítica. Paso atrás", ha comentado en su perfil de Twitter.

El problema ahora es que la dirección de Podemos considera que, precisamente para no interferir, quien tiene que solucionar el problema es al órgano encargado de la resolución de conflictos. Es decir, que la propia Comisión de Garantías debe resolver las divisiones creadas entre sus integrantes.

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