Tres militares en retiro son condenados por homicidio

La resolución fue dictada por la IX Sala del tribunal de alzada, que de este modo revocó el fallo del juez de primera instancia, Joaquín Billard, que en mayo de 2006 sobreseyó a los imputados.

Billard adujo en su fallo la calidad de "cosa juzgada", porque el caso fue investigado y archivado en 1973 por la Fiscalía Militar de la ciudad de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago.

Este miércoles, en cambio, la Corte de Apelaciones determinó que los homicidios del matrimonio Lejderman-Ávalos son crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, tanto desde el punto de vista penal como desde la perspectiva del derecho civil.

Sobre esa base el tribunal sentenció a diez años y un día de prisión al brigadier retirado Fernando Polanco Gallardo y a los ex suboficiales Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola.

El tribunal mantuvo, en cambio, la absolución dictada por el juez Billard a favor del coronel retirado Ariosto Lapostol Orrego, por falta de participación en los hechos.

Adicionalmente, sentenció al Fisco chileno a pagar 300 millones de pesos (600.000 dólares) por daño moral a Ernesto Lejderman Ávalos, hijo del matrimonio, que quedó huérfano a los 2 años de edad, a raíz del homicidio de sus padres.

El matrimonio fue asesinado el 8 de diciembre de 1973, cuando aparentemente intentaba huir hacia Argentina por un paso de la Cordillera de los Andes, tras el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet en septiembre de ese año.

El caso se abrió en Chile por una querella que interpuso en el año 2000 el hijo de la pareja contra Pinochet y otros miembros del Ejército por los delitos de "homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal".

Los padres de Ernesto Ledjerman, que residían en Chile desde 1971 y simpatizaban con el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), trataron de abandonar el país por la feroz persecución que desató la dictadura de Pinochet contra extranjeros, en especial argentinos, uruguayos y brasileños.

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el matrimonio fue ejecutado el 8 de diciembre por una patrulla militar en el sector de Guallihuayca, a 533 kilómetros al norte de Santiago.

Los militares descubrieron a la pareja cuando estaba escondida en una vieja mina, debido a una denuncia de habitantes de la zona y a las torturas aplicadas a quienes conocían el lugar exacto donde se ocultaban.

Tras años de búsqueda, el hijo de la pareja encontró en 2003 los restos de su madre en el Cementerio General de Santiago.

En tanto, los restos de su padre, tras ser exhumados, fueron depositados ese mismo año en el monumento en memoria de los detenidos desaparecidos erigido en ese cementerio, donde hay una placa con su nombre.

Ernesto Ledjerman Ávalos, que es portavoz de la Asociación de Familiares de Argentinos Detenidos-Desaparecidos en Chile, sostiene que unos 20 argentinos fueron asesinados o víctimas del delito de desaparición forzada en Chile a poco de instaurada la dictadura.

El Informe Rettig consigna que se registraron en el régimen de Pinochet más de 3.200 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos.

El pasado 7 de diciembre Lejderman Ávalos pidió a la Justicia chilena revisar el fallo que había absuelto a los asesinos de sus padres.