Ninguna de las infinitas proclamas del presidente Chávez asombró tanto a los países latinoamericanos y europeos como la solicitud, lanzada urbi et orbe ante los diputados de la Asamblea Nacional, de que las FARC sean retiradas de la lista negra que las considera terroristas, y se les otorgue el estatus de beligerantes.
La cuestión causó tanto impacto y consternación que, de inmediato, varios gobiernos latinoamericanos opinaron en contra y consideraron la propuesta como un "pensamiento exclusivo del presidente de Venezuela". La mayoría de países de la región ha guardado silencio, Brasil entre ellos.
Sin embargo, el presidente Chávez espera que no demoren su decisión. Hay quienes piensan que la cuestión debe presentarse ante el Consejo Permanente de la OEA, para que los países tengan ocasión de ratificar su posición. Argentina ya tomó la iniciativa de oponerse a la propuesta chavista.
Según el jefe del Estado, las FARC no son terroristas. Valdría la pena conocer qué piensa él del terrorismo de Osama bin Laden y de los activistas de ETA. La cuestión no debe quedar sin precisiones y sin que los países se definan. Le haría grave daño a la democracia que no sepamos quiénes están realmente con las narcoguerrillas.
Es obvio que las FARC pretenden el estatus de beligerantes porque de esa manera pueden lograr una jerarquía que las eximiría de sus crímenes de lesa humanidad: no serían empresarios del narcotráfico ni jefes de jugosos secuestros; serían combatientes políticos por una causa heroica, popular y revolucionaria.
El Presidente dijo que las FARC tenían un proyecto que "aquí respetamos". No se sabe a quiénes alude cuando usa ese plural: a lo mejor se refiere a los 4 milloncitos de votos que sacó el 2 de diciembre. Pero hoy no puede hablar en nombre de 12 millones de votantes, que por una parte le dijeron NO, y por la otra ni se molestaron en ir a votar por su socialismo. Y menos lo harán si nos quiere asociar internacionalmente con bandas guerrilleras vinculadas con el narcotráfico y los secuestros.
Los venezolanos, en su casi totalidad, han condenado a las FARC porque las consideran terroristas, porque han visto su actuación maligna en las fronteras, su cobro de vacunas, su serie imparable de secuestros y asesinatos, la ocupación por la violencia de nuestro territorio con lo cual violan nuestra soberanía. Han asesinado a oficiales, suboficiales y soldados de nuestra Fuerza Armada, así como a trabajadores de Pdvsa.
Estas pretensiones de canonización de San Tirofijo no sólo envenenan y perturban las relaciones colombo-venezolanas, sino las latinoamericanas. Un debate en la OEA y Mercosur sería de gran urgencia. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, por ejemplo, no puede guardar silencio. Venezuela, entre tanto, debe consultar los instrumentos jurídicos internacionales y ver a cuáles debe renunciar para satisfacer las demandas que le han formulado desde las selvas el santo franciscano Tirofijo y sus apóstoles Raúl Reyes y el Mono Jojoy.
Si (
No(
